Fiscalía en contra de imputar a la infanta Cristina de Borbón

La Fiscalía Anticorrupción de España se opuso a citar como imputada a la infanta Cristina de Borbón, hija del rey de España Juan Carlos, en el marco del proceso que se le sigue a su esposo Iñaki Urdangarin por presuntos actos de corrupción.

Los magistrados entregaron al juez José Castro el informe en el que declinan imputar a la infanta Cristina, en contra de lo solicitado por la acusación popular representada por el sindicato ultraderechista ‘Manos Limpias’, señala El País en su portal de internet.

El último domingo, Urdangarin afirmó ante el juez que desconoce la existencia de una trama de empresas urdida supuestamente por él y por su exsocio Diego Torres para desviar dinero público obtenido por el Instituto Nóos, tal y como sospecha la Fiscalía Anticorrupción.

El esposo de la infanta Cristina respondió a preguntas sobre esta supuesta trama, de la que informaron fuentes conocedoras de la declaración.

La trama estaría formada por la inmobiliaria Aizoon (propiedad de Urdangarin y la infanta Cristina), Nóos Consultoría, el bufete Tejeiro, Virtual Estrategies, Intuit, Shiriaimasu y De Goes Center for Stakeholder Management, vinculadas a Torres -también imputado en esta causa- y familiares suyos.

Según informaron a Efe varias fuentes conocedoras de la declaración, Urdangarin señaló desconocer la gestión administrativa y la facturación de estas empresas, en un interrogatorio en el que habla principalmente el juez y el duque responde escuetamente con su desconocimiento de los hechos investigados.

El caso Palma Arena investiga un supuesto uso irregular de fondos públicos por el Instituto Nóos.

Una entidad sin ánimo de lucro presidida por Urdangarin que, según la Fiscalía Anticorrupción, recibió casi seis millones de euros (cerca de ocho millones de dólares) entre 2004 y 2007 de varias administraciones públicas, sobre todo de los Gobiernos regionales de Baleares y Valencia.

El duque de Palma está imputado en los supuestos delitos de malversación de caudales públicos, falsedad documental, fraude a la Administración y prevaricación.