A la La exministra Yuko Obuchi se le imputa un delito de malversación de caudal público por valor de unos 3,6 millones de yenes (unos 26.300 euros).
La Fiscalía de Tokio registró este jueves las oficinas de la exministra de Economía de Japón, Yuko Obuchi, como resultado de la denuncia por malversación que obligó a la popular política nipona a dimitir de su cargo el pasado 20 de octubre.
A Obuchi, nombrada ministra el pasado septiembre y considerada la gran promesa de la política femenina en Japón, se le imputa un delito de malversación de caudal público por valor de unos 3,6 millones de yenes (unos 26.300 euros), dinero que supuestamente usó para adquirir productos y servicios de empresas de familiares.
También se le acusa de financiar viajes turísticos a votantes de su demarcación electoral en Gunma, lo que supone una violación de la ley electoral nipona.
Las instalaciones inspeccionadas estes jueves incluyen también la residencia y oficina de su exsecretario Kenichiro Orita, responsable de los informes contables que han sido objeto de denuncia por un grupo de particulares de la prefectura de Gunma, donde se encuentra el distrito electoral de la exministra.
La inspección llevada a cabo por la fiscalía ha causado que miembros de la oposición y también de su formación, el gobernante y conservador Partido Liberal Demócrata (PLD), exigieran que entregue su acta de diputada en la Cámara Baja.
Por su parte, el primer ministro Shinzo Abe, que apostó personalmente por Obuchi para la cartera de Economía, Comercio e Industria, instó a que se permita a la exministra explicar, como parlamentaria, las supuestas irregularidades.
La investigación actual amenaza con hundir la carrera de Obuchi, hija del ex primer ministro Keizo Obuchi y considerada por muchos analistas como la mujer mejor posicionada para convertirse en el futuro en la primera jefa de Gobierno de Japón, país señalado internacionalmente por su escasa representación femenina.
Las dimisiones de Obuchi y de la exministra de Justicia, Midori Matsushima (también por violar supuestamente la ley electoral), que tuvieron lugar el pasado 20 de octubre han supuesto el mayor golpe al Gobierno de Shinzo Abe desde que llegara al poder a finales de 2012.
EFE
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