INPE: Jueces insisten en trasladar reos y no usar videoconferencias

Pese a la orden de la presidencia del Poder Judicial para que los juicios se realicen a través de videoconferencias en vez de trasladar internos desde los penales hacia las sedes judiciales, hay magistrados que se rehúsan a aplicar la medida y exigen que se lleve a los procesados de una ciudad a otra, alertó este sábado el presidente del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), José Luis Pérez Guadalupe.

Sostuvo que algunos magistrados piden al INPE traslados de internos desde ciudades tan distantes como de Puno a Cajamarca o de Huaraz a Tacna, sin tener en cuenta el gasto que esto implica, pero principalmente el riesgo que significa para la seguridad.

Precisamente, los cinco peligrosos delincuentes que se fugaron de la sala de juzgamiento que funciona en el penal de Lurigancho (en San Juan de Lurigancho), habían sido llevados a ese lugar desde el penal de Piedras Gordas I (en el distrito de Ancón).

“En una oportunidad, un juez obligó al traslado de un interno que había pedido beneficios penitenciarios desde una ciudad a otra, solo para decirle que no se los daría, cuando muy bien pudo usar la videoconferencia”, comentó en entrevista concedida a la agencia Andina.

AVISO CON POCO TIEMPO

Pero no solo eso. Los jueces piden los traslados apenas unos días antes de las diligencias, de tal forma que ni siquiera es posible organizar grupos para traer a varios internos a la vez, sino que hay que trasladarlos de uno en uno, con el consiguiente gasto en pasajes y en personal para la seguridad.

Pérez Guadalupe manifestó que gracias al apoyo del presidente del Poder Judicial, Enrique Mendoza, se evita gran parte de los traslados entre ciudades lejanas, pero, añadió, hay muchos jueces que insisten en negarse al uso de la videoconferencia.

“Hay documentos en los que algunos jueces señalan expresamente que no usarán videconferencia y que se tiene que trasladar a los internos, en un caso desde Puno hasta Cajamarca y en otro desde Huaraz a Tacna”, indicó.

Anotó que estos pedidos se formulan sin considerar que son los propios jueces o fiscales quienes solicitan que determinados reos sean llevados a un penal de máxima seguridad en una provincia.

“Pero sucede que luego viene un juez que llama al interno para una audiencia en un caso que muchas veces no es el suyo, sino que solo está requerido como testigo. Y en otros casos, el juez pretende que el detenido, pese a su peligrosidad, se quede en el penal de la ciudad en la que se le aprehendió, con el riesgo de que se fugue”, dijo.

Agregó que hay mucha voluntad del titular del Poder Judicial y de los presidentes de las cortes superiores, “pero el problema está en otro lado”, en referencia a los magistrados que ven directamente los casos.

El funcionario manifestó que en algunos casos los magistrados del Poder Judicial y del Ministerio Público han ido hasta el penal de Challapalca (Puno) a realizar los juzgamientos sin necesidad de trasladar a los internos, debido a su alta peligrosidad.

Pérez Guadalupe manifestó que el INPE sigue realizando alrededor de 20 mil traslados al año de internos, en la mayoría de los casos para diligencias judiciales y que esa cifra no disminuye porque en los últimos dos años han ingresado 16 mil personas más a las cárceles y todas ellas en condición de procesadas.

ANDINA