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Justicia Militar: Ningún comando participó en ejecución extrajudicial

Presidente de la Justicia Militar, Carlos Mesa, consideró por ello ´absurdo y humillante´ la pretensión de demandar al Estado peruano ante la Corte Interamericana para que se haga un nuevo juicio al comando Chavín de Huántar.

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El presidente de la Justicia Militar, Carlos Mesa Angosto, precisó hoy que tras el juicio realizado por dicho fuero, se determinó que ninguno de los comandos que intervino en la operación de rescate de rehenes Chavín de Huántar participó en una supuesta ejecución extrajudicial.

“Hemos investigado a todo el mundo durante el juicio a los integrantes del comando y quedó claro que no participaron en ninguna muerte extrajudicial”, declaró a periodistas.

Consideró por ello “absurdo y humillante” para la justicia militar la pretensión de demandar al Estado peruano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para que se haga un nuevo juicio por esta supuestas ejecuciones.

“Para mí, particularmente, esta demanda presentada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es un absurdo y una afrenta contra las Fuerzas Armadas y contra la justicia militar”, aseveró.

Mesa Angosto expresó su confianza en que la Corte IDH rechazará la demanda interpuesta contra el Estado peruano por este caso y recordó que el juicio contra los supuestos responsables de estas ejecuciones aun continúa en el fuero común.

El Gobierno peruano rechazó y condenó esa denuncia y anunció que propondrá la restructuración de las competencias de la CIDH.

El operativo Chavín de Huántar, se ejecutó en abril de 1997 por grupo de militares para liberar a 71 rehenes tras 126 días de cautiverio en la residencia del embajador de Japón en Lima, que había sido asaltada por 14 terroristas de la banda Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA).

El titular de la justicia militar policial respaldó la firme posición de defensa que ha adoptado el Gobierno peruano frente a esta denuncia y ofreció la experiencia jurídica del fuero militar para defender al Estado peruano en caso de prosperar la denuncia.

Según dijo, la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh) y otras ONG que estén detrás de esta demanda contra el Estado peruano tendrían “oscuros intereses” económicos que las mueven a “atacar” a las Fuerzas Armadas.

Andina


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