Gerente de Fiscalización y Control de la Municipalidad de Lima indicó que la comuna ha detectado ´un sin fin´ de negocios que sirven de ´fachada´ a prostíbulos clandestinos o para la venta de droga.
Álvaro Anicama, gerente de Fiscalización y Control de la Municipalidad Metropolitana de Lima, informó que existe una "desnaturalización del uso de negocios", los que promueven actos delictivos y la prostitución.
Indicó que tras labores de inteligencia en conjunto con la Policía Nacional han detectado "un sin fin" de negocios que sirven de “fachada” a prostíbulos clandestinos o para la venta de droga.
El funcionario edil dijo en RPP Noticias que están involucrados bares, cantinas, hostales, cabinas de Internet, y cocheras, que incluso cuentan con licencia de funcionamiento, pero que ofrecen ilegales servicios de forma encubierta.
Señaló que la comuna viene trabajando para recuperar el principio de autoridad, promoviendo la modificación de la normatividad vigente y continuando con operativos de fiscalización.
"Evaluamos un proyecto de norma que ataca la desnaturalización. Ya que no tenemos control previo, vamos a tener control posterior", sostuvo.
Adelantó que en la avenida Uruguay, en el Centro de Lima, realizarán una pronta intervención a cabinas de Internet, donde se ejerce la prostitución.
Anicama indicó además que la gerencia de Seguridad Ciudadana del concejo capitalino evalúa eventuales sanciones frenar la prostitución en vía pública, aunque aclaró que este oficio no es considerado delito.
"Así como ejercer el comercio en la vía pública, esta actividad también debe ser considerada en las multas", acotó.
Comentó que la nueva administración, al mando de la alcaldesa Susana Villarán, encontró problemas gravísimos de inseguridad y que solo cuentan con mecanismos para intervenir en cuanto a la sanidad en los locales.
Sin embargo, destacó que han sido cerrados nightclubs históricos y discotecas que permitían el ingreso a menores de edad y otros establecimientos sin licencia de funcionamiento.
Precisó que de las 320 clausuras, el 70% no ha cumplido con la disposición.
"En los últimos 10 años solo se iniciaron 33 procesos por desobediencia a la autoridad, hoy hay 170 procesos penales iniciados", puntualizó al remarcar que esa es una medida para restablecer el principio de autoridad.
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