Mujeres maltratadas tendrán permiso laboral para denunciar a agresores

Las mujeres víctimas de violencia gozarán de permisos sin descuento en sus centros de labor cuando deban ejercer su defensa de sus agresores ante los centros de Emergencia Mujer, Policía e instancias judiciales y del Ministerio Público.

Esta medida está contemplada en el proyecto de ley integral contra la violencia de la mujer y el grupo familiar, aprobado por unanimidad en la Comisión de la Mujer y Familia del Congreso de la República.

La propuesta de norma señala que las mujeres agredidas que acudan a estos lugares deben justificar sus inasistencias. Tanto las ausencias como las tardanzas no podrán exceder de cinco días en un mes o más de 15 días en un período de seis meses.

El proyecto propone, asimismo, la creación de un sistema nacional para la prevención, atención, protección, sanción y rehabilitación de las víctimas de violencia física, psicológica, sexual, económica y laboral.

La legisladora Aurelia Tan, presidenta de la Comisión consideró urgente y necesaria la aprobación del Dictamen respectivo, que mejora la Ley 26260, vigente desde hace 20 años, “estableciendo un marco legal integral y los mecanismos para que el Estado ejecute una verdadera revolución a favor de la mujer y la familia ante el incremento de la violencia”.

El dictamen propone también la creación de un Protocolo Base de Actuación conjunta, un Registro de Víctimas y Agresores, un Observatorio Nacional y el Centro de Altos Estudios de la Violencia hacia la mujer y la familia, instrumentos y mecanismos de articulación del Sistema Integral.

En cuanto a la violencia física, se ha incluido el maltrato por negligencia, descuido o privación de las necesidades básicas, que haya o no ocasionado daño físico o que podría llegar a ocasionarlo, sin importar el tiempo que se requiere para su recuperación.

Además, se extiende el concepto de violencia patrimonial a las conductas abusivas relacionadas con el control, el poder y la privación de recursos que no le permiten a la víctima salir de este círculo o recuperar la autonomía.

Es decir, la disposición o traspaso fraudulento de bienes, la adquisición o simulación de deudas, le destrucción de documentos (DNI, título profesional, títulos de propiedad, pólizas, certificados de depósitos bancarios etc.) y la destrucción o sustracción de instrumentos de trabajo (maquinarias, libros, computadoras, USB, etc.).

Respecto de los agresores, se plantea la rehabilitación de las personas agresoras con la creación de programas multidisciplinarios de tratamiento y resocialización.

ANDINA