La Municipalidad de Ate Vitarte aseguró que el inmueble clausurado con cuatro enormes bloques de cemento y que mantiene aislada a toda una familia, se justifica porque allí funcionaba una cantina que, además, no contaba con licencia para poder operar.

Juan Ampuero, subgerente general de municipio de Ate, dijo que la señora María Yarasca trata de "sorprender" a la prensa alegando que desde hace seis meses tiene que trepar para poder ingresar a su vivienda a través de un tragaluz.

Aunque la propietaria del predio asegura que el negocio pertenecía a su ex inquilino, a quien identificó como Rafo Arias, el funcionario edil afirmó que el contrato de arrendamiento no era notarial y, por ende, no tiene valor legal.

Además, el representante municipal desacreditó la versión de que María Yarasca viviera en el predio o que de verdad haya sido un inquilino quien dirigía el negocio.

"La señora debía firmar un acta de compromiso para garantizar que no iba a haber una cantina, pero no quiso", manifestó Ampuero.

Mostrando fotografías, el funcionario señaló que el local había sido clausurado el pasado 24 de abril con un papel en el frontis que impedía el ingreso, pero esta sanción fue "violentada" y tras tal desacato, dijo, el 23 de mayo se impuso la medida coercitiva de los bloques de cemento.

DUEÑA DEL INMUEBLE DENUNCIA CORRUPCIÓN

Por su parte, María Yarasca aseguró que es víctima de un caso de corrupción, pues tanto Juan Ampuero como el alcalde de Ate, Óscar Benavides, la citaron en una notaría, le pidieron el pago de S/.13.800 de multa y le demandaron que firme un documento en el que decía que el local funcionaba como prostíbulo.

"Yo no voy a acceder a ello, que le cobren a mi ex inquilino Rafo Arias", sentenció la mujer.

Finalmente, Juan Ampuero, subgerente general de municipio de Ate, afirmó que si Yarasca cumple con las formalidades de la ley, se retirarán los bloques de cemento.