El nuevo presidente del Tribunal Constitucional (TC), Ernesto Álvarez Miranda, afirmó que no es partidario de la revocatoria, al considerar que este es un instrumento contradictorio con la democracia.
"Si hay alguien elegido para un mandato de tres o cuatro años por la soberanía popular con reglas preestablecidas, la revocatoria es un instrumento contradictorio a la democracia que niega el mandato e incorpora una vía paralela para venganzas políticas", opinó en RPP Noticias.
Sostuvo que en esta ocasión, el pedido de revocatoria suena con fuerza en contra de la alcaldesa de Lima, Susana Villarán, pero señaló que en escenarios que también se aplican para los presidentes regionales, este instrumento resulta "arbitrario", porque los "candidatos perdedores se unen" para vacar al funcionario.
Apuntó que en el caso en el que una autoridad no llegue a ser revocada, "por lo menos dañan su gestión, distrayéndolo durante 1 a 2 años con ese problema".
"Susana Villarán es una alcaldesa polémica, de una gestión discutible como muchas otras, pero que es objeto de un proceso de revocatoria al año de su gestión", dijo al sostener que esta herramienta de consulta popular “no tiene condiciones para ser legítima”.
Añadió que en caso se concrete la revocatoria de Villarán, "la gestión de Lima se verá mellada" y se desfavorece a quienes con su voto la eligieron de forma mayoritaria.
El magistrado Ernesto Álvarez Miranda asume esta miércoles la presidencia del Tribunal Constitucional (TC) en reemplazo de Carlos Mesía Ramírez, quien cumplió funciones por cinco años y presentó su renuncia al cargo.
En cuanto a su trabajo en el TC, señaló que su labor estará conducida a prestigiar y fortalecer la imagen de esta institución. Anunció el ingreso de al derecho moderno vía la habilitación del amparo en derechos del consumidor, de los pueblos indígenas y de la consulta, "en tanto se menoscabe el contenido de cada uno de esos derechos fundamentales".
"Nuestras decisiones siempre tienen un contenido político porque de lo que se trata es de interpretar no una ley sino el propio texto de la Constitución. Tenemos que escapar de la politización de las decisiones de los temas, lo cual es muy difícil", sostuvo al remarcar que hoy por hoy existe el fenómeno de la "judicialización de la política" y a la inversa.
Afirmó además que se debe corregir la desnaturalización de los "recursos de amparo" que habiendo si diseñado para defender al ciudadano de las arbitrariedades del poder, vienen siendo aplicados en juicios de ejecución que se extienden de seis a ocho años.
Anotó que la primera parte de un proceso es ganar un juicio y la segunda parte es ejecutarlo, "pero hemos agregado, por la mala práctica y porque las leyes lo permiten, al amparo como una tercera etapa".
En cuanto a la posibilidad de que el Ministerio Público (MP) presente una acción de inconstitucionalidad contra la ordenanza regional de Cajamarca que declara inviable el proyecto minero Conga, explicó que primero el Tribunal deberá determinar si en este tema los gobiernos nacional y regional tienen atribuciones compartidas o se trata de mandatos contradictorios.
"Si se trata de mandatos contradictorios entre el gobierno nacional y regional, dependiendo de la competencia, el tribunal determinará si es un área compartida en atribuciones, como el cuidado del medioambiente, o se trata de un tema netamente del gobierno central como la erradicación de la hoja de coca, (pero) el Tribunal aún no conoce en detalle cómo y con qué argumentación va a venir la demanda y cuál va a ser la contestación", sentenció Álvarez Miranda.
En relación a seis procesos de inconstitucionalidad en temas de conflictos sociales, precisó que el TC ya ha diseñado una doctrina jurisprudencial que establece el principio de diálogo intercultural y la coparticipación de la riqueza.
"Las comunidades afectadas pero cuyos territorios tienen riquezas, deben beneficiarse y no a manera de una simple compensación marginal", puntualizó.
De otro lado, sobre la controvertida posición del Poder Judicial por ordenar detención de quienes recientemente mataron en defensa propia, cuestionó que en el caso del universitario Gastón Gabriel Mansilla Yupanqui los magistrados hayan fallado bajo el "principio de proporcionalidad", ya que el joven empleaba un arma de fuego frente al cuchillo de los delincuentes.
Sostuvo que en esta materia lo que cuenta es el "principio de racionalidad". En esa línea, consideró que hay un problema de "deformación jurídica".
