Observatorio de Jicamarca corre riesgo de no seguir operando

El Radio Observatorio de Jicamarca (ROJ) estaría en peligro de no seguir operando, realizando sus observaciones y contribuyendo con las exploraciones que realiza la agencia espacial de Estados Unidos (NASA), si el Poder Judicial decide dar por concluido el proceso de expropiación, acogiendo así el pedido de caducidad emprendido por los propietarios de terrenos adyacentes a sus instalaciones.

La advertencia fue hecha por el presidente ejecutivo del Instituto Geofísico del Perú (IGP), Ronald Woodman Pollit, en la exposición que hizo en la Comisión de Fiscalización y Contraloría, que preside el congresista José Vega Antonio (UPP), para explicar la situación del proceso de expropiación de los terrenos aledaños al ROJ, dispuesta por la Ley 27816, aprobada en el 2002 por el Congreso de la República.

La expropiación había sido solicitada por el IGP para reservar el terreno de 1,900 hectáreas que rodea al observatorio en la quebrada de Huaycoloro, en el distrito de Lurigancho, Chosica, a fin de levantar un área de protección funcional, protegerlo de la expansión urbana y no alterar el desarrollo de sus estudios atmosféricos y sísmicos que realiza.

Con la finalidad de cumplir lo dispuesto en la ley, el IGP inició sendos procesos de expropiación contra la Asociación Matriz Biotécnica de Pequeños y Medianos Productores Agropecuarios del Cono Este Río Rímac y la Comunidad Campesina de Jicamarca, quienes iniciaron procesos de caducidad.

En el primer caso, el Poder Judicial declaró fundada la solicitud de caducidad y ordenó la conclusión del proceso, de expropiación; en el segundo, el mismo Poder Judicial denegó la solicitud de caducidad, que fue apelada y se encuentra al voto.

En la segunda demanda, el 17 Juzgado Civil resolvió incluir a Jorge Segundo Zegarra Reátegui dentro de proceso judicial, por ser propietario y gerente de la firma Petramás, que administra un relleno sanitario en la zona.

Dicho empresario demandó que el Estado le pagara más de tres millones 107 mil dólares por justiprecio de su terreno, y US$ 2 millones 892 mil como indemnización por daños y perjuicios, pese a que había adquirido el mismo terreno, pocos años antes, por cinco mil dólares.

El Consejo Nacional de Tasaciones (CONATA) valorizó el terreno en US$ 39,234.43, pero después de un largo e irregular proceso el Tribunal Arbitral de la Cámara de Comercio de Lima, el 4 de abril de 2007, ordenó el pago de SU$ 3’356,800 a favor del demandante Zegarra Reátegui.

A lo anterior se suman otros tres procesos arbitrales, que ya se encuentran concluidos a favor del IGP, pese a lo cual el Poder Judicial no se ha pronunciado sobre el fondo de la controversia y ha decidido ordenar la conclusión del proceso, acogiendo así el pedido de caducidad de los demandados.

Ha transcurrido siete años desde que se inició el proceso, pero éste se ha dilatado por los subterfugios legales de los demandados y “dificultades” de la administración de justicia que ha impedido cumplir con las actuaciones procesales dentro de los plazos de ley.

Explicada la situación, Woodman Pollit expresó su preocupación porque el Poder Judicial decida pronunciarse contra el IGP, lo que acarrearía el retiro del apoyo que brinda la NASA a las actividades del ROJ, que se quedaría sin un 48% de su presupuesto y en la práctica tendría que dejar de funcionar.

La situación originó la preocupación del presidente de la Comisión de Fiscalización, la cual no pudo pronunciarse sobre el caso por falta de quórum.