OEA urge proteger los derechos humanos frente a políticas antidrogas

Los asistentes a la Asamblea General de la OEA hicieron un llamado a los gobiernos de las américas a que refuercen sus compromisos en materia de derechos humanos frente a las políticas de drogas.

Más de cincuenta organizaciones internacionales saludaron el inicio del debate en la Organización de Estados Americanos (OEA) acerca de las políticas antidrogas impulsadas por varios estados de América Latina en los últimos meses.

En una carta abierta a los gobiernos de la región, los asistentes a la 43 asamblea de la OEA que comienza el martes 4 de junio  en la ciudad colonial de Antigua en Guatemala y concluirá el 6 del presente, indicaron que es una oportunidad para discutir los límites y perjuicios de las políticas existentes y la posible adopción de alternativas en el tema de la lucha contra el narcotráfico.

Indicaron que en los últimos años se ha hecho aún más evidente la necesidad de discutir el alcance y pertinencia de las políticas de drogas adoptadas en cada uno de los países de las américas, pues ha surgido evidencia que dichas políticas son ineficaces y tienen graves efectos negativos, en especial si se les analiza desde un enfoque de derechos humanos.

Añaden que las políticas prohibicionistas y la guerra contra las drogas han recrudecido los conflictos violentos en la región, al crear un enorme mercado ilegal controlado por complejas organizaciones delictivas. Estos conflictos se localizan generalmente en zonas empobrecidas, profundizando aún más el deterioro de las condiciones de vida y la estigmatización de sus habitantes.

"Queremos enfatizar que la revisión de las políticas de drogas resulta necesaria en la región tanto por razones empíricas como normativas. Las investigaciones basadas en evidencias, muestran cada vez más claramente que las políticas de drogas están teniendo impactos negativos en los derechos humanos en la región".

En la misiva se indica que las políticas represivas tienden a vulnerar los derechos humanos de miles de personas, en especial de aquellas que son judicializadas sin el cumplimiento de garantías penales básicas, y de quienes son enviados a la cárcel al enfrentar condiciones infrahumanas.

"Las políticas prohibicionistas han colaborado en la formación de organizaciones armadas dedicadas a actividades criminales entre las que se destaca el tráfico de drogas, y que producen fenómenos de violencia importantes y por esta vía afectan los derechos de las personas en las Américas".

"El deber de los Estados de respetar los derechos humanos es un mandato que tiene su base en la Carta de las Naciones Unidas. Por consiguiente, el derecho internacional de las drogas debe ser entendido e interpretado, y si es necesario adaptado, en una forma que sea compatible con las obligaciones internacionales en derechos humanos" concluye la carta firmada por mas de 50 organizaciones latinoamericanas entre las que se encuentran representando al Perú la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH), el Centro de Investigación Drogas y Derechos Humanos (CIDDH), y el Instituto de Defensa Legal (IDL).