Piden derogar norma sobre uso de la fuerza por parte de militares

Organizaciones defensoras de los derechos humanos pidieron la derogatoria del decreto que regula el uso de la fuerza por parte de los militares ante las acciones de un "grupo hostil" en una zona de emergencia y establece que los eventuales excesos sean juzgados en el fuero militar.

Así lo solicitaron representantes de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh), así como representantes de la Confederación Nacional Agraria (CNA), la Confederación Nacional de Comunidades Afectadas por la Minería del Perú (Conacami) y la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP).

El decreto 1095 fue emitido el 1 de septiembre pasado, dentro de un paquete de normas relativas a las fuerzas armadas y policiales, una de las cuales, la 1097, creó gran polémica en el país al abrir la posibilidad de que se anulen los procesos a militares y policías juzgados por violaciones a los derechos humanos.

En el 1095 se define como "grupo hostil" a los individuos que "están mínimamente organizados, tienen capacidad y decisión de enfrentar al Estado, en forma prolongada por medio de armas de fuego, punzo cortantes o contundentes en cantidad, y participan en las hostilidades o colaboran en su realización".

El representante del Instituto de Defensa Legal (IDL), Javier La Rosa, criticó que el decreto no toma en consideración que "en muchas de las protestas que se hacen actualmente en el país la población se organiza y se enfrenta al Estado".

"Desde la visión de estas poblaciones, el Estado está incumpliendo sus derechos y a veces recurren algún tipo de arma de defensa", y en el caso de los indígenas, éstos usan "simbólicamente arcos y flechas", remarcó.

El experto de IDL reflexionó sobre los alcances que este decreto pudo tener en un contexto como el de la protesta de los pueblos amazónicos en la provincia de Bagua, que el 5 de junio de 2009 se saldó con 34 muertos.

"Hubiese significado que la fuerzas armadas podrían haber entrado a reprimir, con lo cual se hubiera dado la configuración de conflicto armado, algo totalmente inaceptable en una democracia", acotó La Rosa.

Insistió en que el decreto 1095 está "diseñado para reprimir e involucrar a las fuerzas armadas en un asunto que no le compete" y que señala, además, que en el caso de que las fuerzas armadas cometan excesos serán juzgadas por el fuero militar.

El representante del IDL dijo que esto crea "una suerte de impunidad" y alertó que las fuerzas armadas han sido enviadas este fin de semana a la provincia de Espinar, Cusco, en huelga en rechazo a un proyecto de irrigación.

EFE