Abogado del periodista dijo que ello concluye peritaje policial, y porque además mensajes extorsionadores continuaron cuando estaba preso.
Roberto Pereira, abogado del periodista Rudy Palma, quien en las próximas horas recobrará su libertad, aseguró que un peritaje de la Policía Nacional comprobó que su defendido no envió mensajes extorsionadores a la esposa del ministro de Comercio Exterior y Turismo, José Luis Silva Martinot.
Dijo que esta imputación, por la cual se inicia el proceso de investigación contra el experiodista de Perú 21, por ingresar ilegalmente a correos electrónicos de funcionarios del Estado, ha quedado descreditada y fue el sustento para solicitar la variación de prisión efectiva a comparecencia restringida.
"Un peritaje de la Policía sobre coincidencias de los contenidos en toda la información que Rudy Palma manejaba en su laptop, su computadora de Perú 21 y sus aparatos electrónicos personales, determina que no existe coincidencia alguna entre esos contenidos y formatos utilizados", indicó a RPP Noticias.
Añadió que el "dato curioso" es que los correos electrónicos que invadieron la privacidad del ministro Silva y tuvieron la presunta intención de extorsión, siguieron siendo enviados tras la detención del hombre de prensa.
"La persona a la que la Policía fue a buscar y con lo que se inicia la investigación no es Rudy Palma", sostuvo.
El letrado reiteró que no existiría un supuesto de criminalización organizada, que era una hipótesis con la que se inició el proceso. Asimismo, consideró que hubo una "sobrerreacción" de los órganos de persecución penal al imputarle delitos graves como revelación de secretos personales.
Periera señaló que su patrocinado en todo momento aceptó haber ingresado a correos electrónicos de funcionaros del Estado y haber extraído archivos adjuntos, pero por un tema de interés periodístico. "Que eso sea un delito en legislación nacional es lo que se va a discutir", anotó.
Dijo que no se trataría de un delito de "intrusismo informático", porque no es el típico hacker que sanciona el derecho penal, es decir aquel que ingresa a una cuenta personal quebrantando los mecanismos de seguridad establecidos por los sistemas informáticos, utilizando modalidades o instrumentos especializados para romper los sistemas.
"No es el caso, porque lo que hizo Palma es un tanteo burdo de claves, aprovechando la falta de seguridad en los sistemas de los correos electrónicos que existe en el Estado", aseveró.
Añadió que también planteará que se discuta en sede judicial la acusación de violación al secreto de las comunicaciones en este caso.
"Que se defina si el régimen de protección para las comunicaciones entre privados -tal como está diseñado en la Constitución- se aplica con la misma intensidad para las comunicaciones entre funcionarios con cuentas de correos financiadas y entregadas por el Estado para el ejercicio de funciones públicas", puntualizó.
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