El congresista Santiago Gastañadui presentó un proyecto que modifica el artículo 31 de la Constitución para prohibir la postulación a cualquier cargo público de denunciados y sentenciados por diversos delitos como terrorismo, narcotráfico y violación sexual de menores de edad.
Asimismo, el proyecto abarcaría a los delitos contra la administración pública, en la modalidad de peculado; concusión o por delitos de corrupción de funcionarios en la modalidad de enriquecimiento ilícito.
Con esta iniciativa, el parlamentario, expresidente de la Comisión de Constitución, busca contribuir con los esfuerzos para garantizar la idoneidad de los candidatos a cargos públicos de elección popular.
Actualmente, la ley no prohíbe la postulación de cargos de elección popular de personas denunciadas ante la autoridad competente.
“El derecho de elegir y ser elegido no es absoluto, sino que puede ponerse límites, de acuerdo de determinadas circunstancias, y ponderando otros valores o bienes jurídicos protegidos por el Estado”, afirmó Gastañadui.
Según recordó, la doctrina constitucional establece que para limitar un derecho es necesario que la restricción sea expresa, razonable, necesaria para una sociedad democrática, para el orden público, el bien común, y salud pública o la moral.
En ese contexto, “restringir el derecho de ser elegido en los casos descritos se fundamentan en la relación entre el respeto a la comunidad y la participación política”.
Por lo tanto, consideró legítimo que una sociedad limite y suspenda los derechos políticos de las personas con una gran falta de respeto hacia la comunidad y a la autoridad cometiendo crímenes.
Andina
