En total, se propondrá la eliminación de 56 leyes, que regulan asuntos desde la marina mercante a la posesión de perros guardianes.
El Parlamento británico aprobará el año próximo un proyecto de ley que abolirá un conjunto de antiguas leyes en desuso pero aún vigentes en el Reino Unido, algunas de las cuales fueron aprobadas en 1267 durante el reinado de Enrique III.
La comisión de Derecho, que supervisa el estado de la legislación británica, confirmó hoy que recomendará a la Cámara de los Comunes eliminar, entre otros textos, dos secciones del Estatuto de Marlborough, firmado por ese monarca hace 747 años.
Las dos secciones que se abolirán hacen referencia al cobro de deudas, mientras que se mantendrán otras dos -las únicas restantes de un total de 29-, que prohíben, respectivamente, buscar venganza por el impago de deudas y a los inquilinos vender las tierras que ocupan.
El Estatuto de Marlborough, firmado 32 años antes de aprobarse la primera ley, es uno de los documentos legales más antiguos del Reino Unido, pues aunque la Carta Magna -precedente de las Constituciones modernas- se firmó en 1215, su contenido no tomó forma de estatuto para convertirse en ley hasta 1297.
"Cuando queden abolidas (esas secciones), estaremos eliminando algunas de las leyes más antiguas" del país, afirmó John Saunders, miembro de la citada comisión, que admitió que "muchos abogados ni siquiera las conocen".
La comisión de Derecho propone eliminar no solo antiguas leyes sino también otras más modernas pero que han quedado obsoletas, cubriendo un periodo desde 1267 hasta 2003.
En total, se propondrá la eliminación de 56 leyes, así como de 49 secciones de textos legislativos, que regulan asuntos desde la marina mercante a la posesión de perros guardianes.
Entre las leyes que desaparecerán está una de 1990 que contempla multas para las fiestas con ácido típicas de esa década y otra de 1997 que autoriza los referendos para la devolución de los Parlamentos de Escocia y Gales.
La comisión de Derecho someterá sus propuestas a consulta pública hasta el 27 de febrero de 2015 para comprobar que no hay objeciones y posteriormente planteará sus recomendaciones a los Comunes.
EFE
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