Videla, último gran protagonista del régimen de terror argentino

Con la muerte del exdictador argentino Jorge Rafael Videla se va uno de los mayores protagonistas de los años del terror de Estado en el país sudamericano, un régimen sangriento cuyos mayores ideólogos han fallecido ya.

Videla, de 87 años, murió en una cárcel común donde purgaba una pena a reclusión perpetua por delitos de lesa humanidad, mientras afrontaba otros juicios en curso y en puerta por su actuación en la dictadura (1976-1983).

Junto a Emilio Massera y Orlando Agosti, Videla lideró el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 que derrocó a la presidenta María Estela Martínez de Perón, tercera esposa del tres veces gobernante Juan Domingo Perón.

Massera, comandante de la Armada argentina, falleció en noviembre de 2010, mientras que Agosti, que lideraba la Fuerza Aérea al momento del golpe, murió en octubre de 1997.

Igual suerte corrió Roberto Eduardo Viola, comandante del Ejército argentino que sucedió a Videla al frente de la Presidencia de facto, cargo que ocupó entre el 29 de marzo de 1981 y el 11 de diciembre del mismo año.

El tercer gobernante del régimen dictatorial, Leopoldo Galtieri, quien presidió el país entre 1981 y 1982, falleció el 12 de enero de 2003.

En marzo pasado también falleció José Alfredo Martínez de Hoz, ministro de Economía de la dictadura y artífice de las medidas neoliberales implementadas durante el régimen.

El único sobreviviente entre los máximos responsables del denominado "proceso de reorganización nacional" es Reynaldo Bignone, presidente de facto entre el 1 de julio de 1982 y el 10 de diciembre de 1983, cuando Argentina recobró la vida democrática.

El exmilitar fue sentenciado en marzo pasado a cadena perpetua por crímenes de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino de detención de la guarnición militar de Campo de Mayo, a las afueras de Buenos Aires, condena que se sumó a otras previas por su actuación durante la dictadura.

Bignone, de 85 años, negoció la transición a la democracia tras firmar una Ley de Amnistía, que fue anulada más tarde, y ordenar la destrucción de toda la documentación sobre detenciones, torturas y asesinatos de desaparecidos.

EFE