La Primera Sala Penal de Apelaciones Nacional Anticorrupción analizará el viernes 9 de octubre las apelaciones presentadas por los abogados Humberto Abanto, Horacio Canepa y otros ocho letrados para dejar sin efecto el fallo que dispone que no puedan realizar por 24 meses actividades como árbitros en procesos arbitrales que tengan como parte el Estado peruano.
El Poder Judicial revisará este viernes 9 de octubre el fallo donde se dispone que los abogados Humberto Abanto, Horacio Canepa y otros ocho letrados no puedan realizar por 24 meses actividades como árbitros en procesos arbitrales que tengan como parte el Estado peruano.
Mediante una audiencia virtual, la Primera Sala Penal de Apelaciones Nacional Anticorrupción analizará ese día las apelaciones presentadas tanto por la defensa legal de estos abogados para dejar sin efecto la decisión que adoptó el juez Jorge Chávez Tamariz en este caso como la que hizo, por su parte, el Equipo Especial de la Fiscalía del caso Lava Jato afin de que la referida medida se incremente a 36 meses.
El fiscal Hamilton Montoro solicitó al Poder Judicial que se disponga sobre los imputados mencionados la suspensión de derechos en el ejercicio como funcionarios públicos del Estado peruano o de realizar actividades como árbitros, secretarios arbitrales y otros pero por un plazo de 36 meses.
Sin embargo, en mayo último, el juez Chávez Tamariz declaró fundado “en parte" el pedido fiscal y decretó que la medida solicitada se ejecute pero por un plazo de 24 meses.
El magistrado dispuso además que Emilio Casina Ramón, Héctor García Briones y Celso Gamarra Roig no puedan ejercer funciones como secretarios arbitrales en procesos en los que tenga como parte el estado peruano por 24 meses y en el caso de Sergio Calderón Rossi la suspensión de ejercer actividades como funcionario público por el mismo periodo.
El tribunal superior también evaluará el 9 de octubre la apelación del Equipo Especial de la Fiscalía del caso Lava Jato para dejar sin efecto el extremo de la decisión del juez Chávez Tamariz donde declaró infundado el pedido para que se disponga la suspensión preventiva de derechos para realizar actividades como árbitros en procesos árbitrales en los que tenga como parte el estado peruano en el caso de Fernando Cantuarias Salaverry y otros 5 abogados por un periodo de 36 meses.
Todas estas personas afrontan una investigación preparatoria por el caso arbitrajes Odebrecht.
La tesis del Equipo Especial es que la constructora brasileña Odebrecht habría sobornado a árbitros para que fallen a su favor en 26 controversias que mantenían con el estado peruano por los tramos 2 y 3 de la carretera Interoceánica Sur, la Interoceánica Norte, el proyecto del Río Santa, la carretera San José de Sisa y la carretera Carhuaz-San Luis.
Los montos incluye los presuntos pagos en efectivo y honorarios de los árbitros por encima del precio referencial de la Cámara de Comercio de Lima.
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