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El abogado penalista Aaron Aleman recordó que el juez a cargo del caso indicó que la Fiscalía "no habría cumplido con mencionar cuál es el objeto de imputación", lo que incluye detalles cruciales como el dónde, cuándo y cómo se habrían llevado a cabo los hechos delictivos.
Wanda del Valle, expareja de 'Maldito Cris', podría recuperar su libertad, debido a unas supuestas deficiencias en el manejo de su caso por parte de la Fiscalía, señaló en abogado penalista Aaron Aleman.
La defensa de la expareja del abatido delincuente, que enfrenta un proceso por la comisión del supuesto delito de favorecimiento al sicariato, ha cuestionado en la audiencia de control de acusación tanto el aspecto formal como sustancial de la imputación, buscando determinar si realmente existen elementos probatorios suficientes.
Al respecto, Aleman señaló que el juez a cargo del caso indicó que la Fiscalía "no habría cumplido con mencionar cuál es el objeto de imputación", lo que incluye detalles cruciales como el dónde, cuándo y cómo se habrían llevado a cabo los hechos delictivos.
"Ante una displicencia, una negligencia por parte de la Fiscalía al momento de no hacer una imputación objetiva, puede haber el riesgo de que esta persona recupere su libertad, con lo que significa ello para la seguridad nacional", dijo en La Rotativa del Aire de RPP.
En caso de ser liberada, Wanda del Valle podría demandar al Estado peruano
El caso se complica aún más con la acusación de que Del Valle habría ordenado el asesinato del coronel Víctor Reboredo, quien trabajaba para desarticular al grupo criminal Tren de Aragua.
Sin embargo, Aleman resalta contradicciones en las versiones presentadas por la Fiscalía, como la discrepancia en los montos de dinero supuestamente involucrados en el crimen.
Ante ello, el juez ha otorgado a la Fiscalía un plazo que vence el 24 de julio para que clarifique y presente una acusación más sólida. "Ha habido un exceso de confianza. La Fiscalía no ha cumplido esa labor", advirtió Aleman.
En caso de que Wanda del Valle sea liberada por falta de pruebas, podría considerar demandar al Estado peruano bajo la premisa de que su detención y prisión preventiva fueron arbitrarias, lo cual podría acarrear responsabilidad internacional para Perú por violar tratados de derechos humanos.
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