Arizona no está facultado para legislar en temas migratorios, afirman

El abogado peruano Aldo Castañeda, director del Phoenix Inmigration Center, consideró que Arizona no puede legislar en temas migratorios, en referencia a la polémica ley migratoria promulgada por el estado estadounidense.

"La propuesta de Arizona es un laboratorio que se va extender a los 50 estados si es que tiene éxito en Arizona. Nosotros hemos interpuesto una demanda de inconstitucionalidad, porque creemos que el estado de Arizona no está facultado para legislar en temas federales, porque el tema migratorio es una ley federal, que solo está facultado el Congreso Federal, en Washington", dijo a RPP.

"La primera limitación es que los estados no tienen facultad para legislar en estos tema y la única solución es que el Gobierno del presidente Obama dé una reforma migratoria, y de esa manera los estados ya no van a poder legislar en temas tan delicados como el tema migratorio", agregó.

Castañeda se encuentra en el Perú para coordinar con la Cancillería sobre la ley que penaliza la situación ilegal de los inmigrantes en el estado de Arizona. Ayer se ha reunido con el director encargado de los peruanos en el exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores.

El letrado peruano pidió que el presidente Alan García lleve dos propuestas concretas a su homólogo estadounidense, Barack Obama, con quien tiene pactada una reunión en junio próximo.

"Las propuestas son: parar las redadas de inmigrantes en las calles y pedirle al presidente (Obama) que impuse un estatus de protección legal, ya no una reforma migratoria, pero sí se puede negociar un estatus de protección legal", refirió.

La ley migratoria de Arizona, promulgada el pasado 23 de abril, convierte en delito residir sin documentos migratorios y permite a la policía local confirmar el estatuto migratorio en base a "sospechas razonables".

También contempla penalizaciones a quienes transporten o den trabajo a un indocumentado y otorga el derecho a cualquier persona de demandar a los departamentos policíacos, agencias estatales o ciudades que no apliquen las nuevas regulaciones.