Estacionamiento destruido después de una protesta en Chile. | Fuente: AFP | Fotógrafo: PABLO VERA

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El presidente de Chile pronunció ayer un discurso a la nación en el que diferenció dos aspectos de la crisis que vive su país: la protesta social y la violencia vandálica. Sebastián Piñera intentó relativizar su referencia a “una guerra contra un enemigo poderoso”, explicando que la dureza de su lenguaje fue fruto del rechazo a la violencia que genera daños y sufrimiento. A diferencia de Chile, las protestas en Ecuador fueron convocadas por una organización implantada a nivel nacional, la Confederación de poblaciones indígenas. En Chile no hay un articulador de las protestas, lo que facilita la infiltración de agitadores y delincuentes. De ahí la elevada cifra de muertos, 13, y los incendios producidos en Santiago y otras ciudades.

La falta de organización del movimiento impide también que el gobierno tenga un interlocutor con el que negociar. Estamos ante una movilización social que recurre a consignas digitales y cuyos primeros activistas fueron estudiantes de secundaria que llamaron a “evadir” el pago de los boletos del metro. Ese fue precisamente el detonante de las protestas. Los manifestantes no solo cuestionan la autoridad del gobierno sino también la de los partidos de la oposición de izquierda, incluyendo al partido de la expresidenta Michelle Bachelet.

Sebastián Piñera ha convocado para hoy a la mayoría de los partidos, oficialistas y opositores, para diseñar una agenda de salida de crisis. El alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, ha pedido que renuncie el gabinete y se forme un gobierno de unidad nacional. La necesidad de restablecer la autoridad del Estado es tanto más imperiosa que Chile es sede de dos inminentes reuniones internacionales: la de los países de APEC y la COP 25, consagrada al cambio climático. Desde ya Piñera ha adelantado el  relance de reformas que no ha logrado concretar durante la primera parte de su segundo mandato: las pensiones, los impuestos, la educación y la salud pública.

La principal lección que debemos sacar de lo que viene sucediendo en Chile es que las autoridades tienen que legitimarse ante la población. Esto es solo posible si se pone energía en crear empleo, combatir la pobreza, reducir la desigualdad y luchar contra la corrupción. Por eso en nuestro país importa aplicar el Plan de Competitividad y garantizar la mejora de los servicios públicos de Educación y Salud. La falta de contrapeso político del Ejecutivo y el clima electoral no deben distraernos de esas prioridades.

El diario Gestión consagra su principal tema de carátula a EsSalud. Su presidenta, Fiorella Molinelli, recuerda que se adeuda a EsSalud 4,100 millones de soles. Los principales deudores públicos son gobiernos locales de Lima, en particular La Victoria y San Martín de Porres. Entre los privados figuran azucareras como Tumán y Andahuasi, pero también clubes de fútbol como Universitario y Alianza Lima. Un informe de la OIT afirma que EsSalud tiene una brecha de infraestructura de 32,000 millones de soles, al mismo tiempo que una falta de 5,000 médicos y 9,000 enfermeras. Un servicio público de salud es el contacto directo entre el Estado y el ciudadano, expuesto a su vulnerabilidad.

En Bolivia, parece estarse concretando el peor de los escenarios. Un presidente saliente que postula ilegalmente por cuarta vez, un Tribunal Electoral sometido al gobierno, un mecanismo de escrutinio que se interrumpió durante la noche electoral para reaparecer el día siguiente con cifras que garantizan la victoria de  Evo Morales. Carlos Mesa ha sido claro: “Con este fraude gigantesco pretenden robarnos el derecho a la segunda vuelta, donde las posibilidades de ganar son muy altas”.

La Misión Electoral de la OEA, la Conferencia Episcopal y las instituciones independientes rechazan una maniobra que significaría el triunfo de la arbitrariedad. Lo sabíamos, pero ahora la verdad salta a los ojos: la Democracia es una conquista frágil, el caudillismo sigue siendo una constante en la historia de nuestra región.

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