CNDDHH denuncia impunidad por uso excesivo de la fuerza policial

La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) afirmó que existe una "impunidad absoluta" en los casos de uso abusivo de la fuerza cometidos por la Policía Nacional de Perú y las fuerzas armadas de ese país desde el 2002 hasta la fecha, según su informe anual presentado en Lima.

El documento subrayó que "no se ha condenado a ningún responsable" y que solo en un caso del 2003, como resultado de una transacción extrajudicial, el Estado indemnizó a un grupo de víctimas que resultaron heridas durante una protesta estudiantil en la región Puno.

El informe de la CNDDHH indicó que, como consecuencia del uso excesivo de la fuerza en el control de conflictos sociales, han fallecido 45 personas durante el actual gobierno de Ollanta Humala (2011-2016).

Por el mismo motivo, murieron 80 personas durante el segundo gobierno de Alan García (2006-2011) y 17 durante la gestión de Alejandro Toledo (2001-2006), señaló la Coordinadora.

La entidad aseguró que el principal responsable de la impunidad es el Ministerio Público (Fiscalía) debido a que más del 90 % de los casos quedan archivados como resultado de investigaciones negligentes.

Además, la escasa actividad investigatoria se enfoca en esclarecer la autoría material de los delitos, dejando de lado a los mandos policiales y militares, agregó.

Igualmente, las autoridades judiciales han efectuado traslados de jurisdicción a zonas muy distantes de donde se producen los conflictos con el argumento de garantizar condiciones de imparcialidad a los operadores de justicia.

Entre sus recomendaciones, la Coordinadora Nacional plantea cancelar los convenios entre la Policía Nacional y las empresas privadas, mediante los cuales ofrecen servicios de seguridad particular y que han derivado en un uso excesivo de la fuerza contra manifestantes civiles.

Asimismo, garantizar la dotación de armamento no letal y equipos de protección a los efectivos policiales, con el objetivo de no poner en riesgo la vida de los agentes ni de la población.

En uno de sus capítulos, el informe de la CNDDHH analizó la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que señaló la responsabilidad del Estado peruano en la ejecución extrajudicial de Edmundo Cruz Sánchez en 1997, tras el rescate de los rehenes del Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (MRTA).

A partir de la publicación de la sentencia en la que se declara la responsabilidad internacional del Estado peruano "existe una obligación fundamental en la jurisdicción interna: establecer quién mató a Eduardo Cruz Sánchez, alias Tito", uno de los cabecillas del MRTA que lideró un masivo secuestro en la casa del embajador japonés en Lima.

De acuerdo con la CNDDHH, esa responsabilidad recae directamente en el Ministerio Público y en el Poder Judicial como entidades responsables de desarrollar una investigación y procesamiento con la debida diligencia y dentro de un plazo razonable con la finalidad de identificar, procesar y, en su caso, sancionar a los responsables.

La Coordinadora Nacional señaló que la sentencia no significa que los comandos militares que participaron en el rescate deban ser procesados, como criticó el gobierno peruano, pero remarcó que el Ministerio Público es un órgano autónomo y bajo ninguna circunstancia se le puede imponer una agenda política.

Durante la defensa de este caso ante la Corte Interamericana, el Estado peruano sostuvo que "Tito" murió en combate, pero una sentencia de la Corte Suprema de Justicia, en 2013, ya había confirmado que el "emerretista" había sido ejecutado extrajudicialmente en los momentos posteriores a la culminación de la operación militar.

La presentación del informe anual estuvo a cargo del secretario ejecutivo de la CNDDHH, Jorge Bracamonte; su antecesora Rocío Silva Santisteban, y los comentaristas Eduardo Dargent y Jo Marie Burt.

EFE