El gobierno de Iván Duque aspira recaudar unos 6 300 millones de dólares entre 2022 y 2031 para aliviar el bolsillo de la cuarta economía Latinoamericana, golpeada por la pandemia de la COVID-19.
Un proyecto de reforma fiscal en Colombia echó leña al descontento que explotó en las calles contra el presidente Iván Duque. Ampliar la base de contribuyentes, elevar impuestos, reducir exenciones y aumentar el IVA de algunos productos son iniciativas que se debaten con cierto escepticismo en el Congreso.
El gobierno aspira recaudar unos 6 300 millones de dólares entre 2022 y 2031 para aliviar el bolsillo de la cuarta economía Latinoamericana, golpeada por la pandemia.
A poco más de un año de terminar su mandato y con la popularidad en rojo (33%), Iván Duque ha enfrentado obstáculos para defender la iniciativa en un Legislativo sin mayorías claras.
"Es una reforma ambiciosa en términos de recaudo", en la que un "gran porcentaje de impuestos (...) recae sobre todo en las personas naturales", dijo a la AFP Carlos Sepúlveda, decano de economía de la Universidad del Rosario.
La clase media sería la más castigada en el llamado a rescatar unas arcas vaciadas por la pandemia de la COVID-19, coinciden expertos.
Puntos claves
De acuerdo con Sepúlveda, la propuesta busca invertir la fórmula actual, donde "el 70% del impuesto de renta viene de personas jurídicas y 30% de personas naturales".
Así se contempla gravar por primera vez con impuesto sobre la renta a las personas que ganen más del equivalente de 656 dólares mensuales, en un país donde el salario mínimo es de 248. Actualmente ese rubro concierne a quienes reciben ingresos por más de 1.000 dólares mensuales.
El gobierno de Colombia espera aumentar los impuestos indirectos como el IVA (la gasolina pasaría del 5% al 19%) y gravar los servicios básicos en zonas de clase media-alta, así como los funerales.
La reforma estima también un impuesto a la riqueza para personas naturales, cuando su patrimonio líquido supere los 5.000 millones de pesos (1,3 millones de dólares).
Para Andrés Zambrano, profesor de Economía de la Universidad de Los Andes, este tributo "se queda corto", pues "debería arrancar en un umbral menor, de 3 000 millones (811.000 dólares) y con una tarifa más alta al 1%" estipulado.
En cuanto a las empresas la reforma crearía una sobretasa de 3 puntos porcentuales al impuesto de renta y una tarifa más baja para los negocios pequeños.
Y aunque los ricos contribuyen con altos tributos, "los mega ricos pagan una tasa más baja, porque saben usar las exenciones y tienen un ejército de contadores que les ayudan a deducir más impuestos", añade el experto.
En su peor desempeño en medio siglo, el Producto Interno Bruto (PIB) del país se hundió 6,8% en 2020 y el desempleo trepó al 18,1% en febrero. Casi la mitad de los 50 millones de habitantes está en la informalidad.
Sin consenso
Miles de personas se manifestaron el miércoles contra la reforma fiscal, en una nueva jornada de protestas que desde 2019 se toma las calles para exigirle a Iván Duque un cambio de rumbo.
"La gente no quiere pagar más impuestos porque el proyecto recae sobre la clase media en plena pandemia, (...) Pero también porque no confían en el gobierno actual y sienten que la reforma tributaria es uno más de sus pasos en falso", explica Zambrano.
Y con las elecciones en la mira (2022), la iniciativa "es una oportunidad para los partidos políticos de ganar votos criticando", añade el docente universitario.
En el contexto regional, Colombia recauda apenas el 19,3% del PIB, por debajo de América Latina (23%) y los países que pertenecen a la OCDE (34%), según los analistas consultados.
Para equilibrar la balanza, el gobierno considera ampliar la base gravable y poder así aumentar su inversión social.
La reforma incluye un capítulo que apunta a prolongar los subsidios mensuales para los hogares más pobres que reciben entre 22 y 100 dólares según el número de integrantes.
Blanco de críticas tanto de aliados políticos como de la oposición, al proyecto le sigue un camino espinoso en el Congreso.
Para Zambrano "el gobierno no tenía otra opción" si quería mantener sus calificaciones crediticias. Mientras tanto la presión continúa en las calles, cuando una ola de la COVID-19 tiene en jaque al sistema hospitalario.
(Con información de AFP)
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