El pacto establece que Estados Unidos puede tener acceso a por lo menos siete bases militares colombianas en tareas antidrogas y contra el terrorismo.
Colombia y Estados Unidos firmarán hoy polémico acuerdo que permite a soldados y asesores norteamericanos usar al menos siete bases militares en territorio colombiano para la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo, informaron a Efe fuentes de la Cancillería.
La firma del pacto se hará hacia las 07.30 locales (12.30 GMT) en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia en el centro de Bogotá en una ceremonia sencilla que no durará más de tres minutos.
El canciller colombiano, Jaime Bermúdez, y el embajador de EE.UU., William Brownfield, serán los encargados de sellar el acuerdo militar.
Una vez se haga la firma, el ministro colombiano se desplazará hasta el aeropuerto militar de Catam, en el oeste de Bogotá, "donde dará unas declaraciones a la prensa sobre la firma del acuerdo", dijo la fuente.
El Gobierno colombiano consideró hoy que el acuerdo militar negociado por Bogotá y Washington puede ser firmado sin la previa aprobación del Congreso por cuanto no contempla el paso de tropas extranjeras por el territorio nacional con finalidad ofensiva.
El argumento fue explicado por los titulares de Relaciones Exteriores, Jaime Bermúdez, y del Interior y de Justicia, Fabio Valencia, durante un encuentro con dirigentes del Senado y la Cámara de Representantes celebrado en la sede de la cancillería en Bogotá.
El embajador Brownfield dijo hoy a la prensa que la Casa Blanca tiene la obligación legal de enviar a los comités de relaciones internacionales del Senado y la Cámara de Representantes todo acuerdo ejecutivo que suscriba.
Además, reafirmó que las acciones o misiones que las tropas estadounidenses puedan realizar en virtud de este documento militar no suponen una amenaza a la soberanía de otros países, por cuanto se trata "exclusivamente de colaboración bilateral entre Colombia y Estados Unidos".
La secretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton, lo garantizó así en la carta que envió a cada uno de sus doce colegas de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) con motivo de la reciente reunión que mantuvieron en Bariloche (Argentina), recordó Brownfield.
La negociación del acuerdo finalizó en agosto pasado y desde entonces ha sido cuestionado por varios Gobiernos latinoamericanos, en especial por Venezuela, Bolivia y Ecuador.
La firma del pacto se hará hacia las 07.30 locales (12.30 GMT) en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia en el centro de Bogotá en una ceremonia sencilla que no durará más de tres minutos.
El canciller colombiano, Jaime Bermúdez, y el embajador de EE.UU., William Brownfield, serán los encargados de sellar el acuerdo militar.
Una vez se haga la firma, el ministro colombiano se desplazará hasta el aeropuerto militar de Catam, en el oeste de Bogotá, "donde dará unas declaraciones a la prensa sobre la firma del acuerdo", dijo la fuente.
El Gobierno colombiano consideró hoy que el acuerdo militar negociado por Bogotá y Washington puede ser firmado sin la previa aprobación del Congreso por cuanto no contempla el paso de tropas extranjeras por el territorio nacional con finalidad ofensiva.
El argumento fue explicado por los titulares de Relaciones Exteriores, Jaime Bermúdez, y del Interior y de Justicia, Fabio Valencia, durante un encuentro con dirigentes del Senado y la Cámara de Representantes celebrado en la sede de la cancillería en Bogotá.
El embajador Brownfield dijo hoy a la prensa que la Casa Blanca tiene la obligación legal de enviar a los comités de relaciones internacionales del Senado y la Cámara de Representantes todo acuerdo ejecutivo que suscriba.
Además, reafirmó que las acciones o misiones que las tropas estadounidenses puedan realizar en virtud de este documento militar no suponen una amenaza a la soberanía de otros países, por cuanto se trata "exclusivamente de colaboración bilateral entre Colombia y Estados Unidos".
La secretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton, lo garantizó así en la carta que envió a cada uno de sus doce colegas de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) con motivo de la reciente reunión que mantuvieron en Bariloche (Argentina), recordó Brownfield.
La negociación del acuerdo finalizó en agosto pasado y desde entonces ha sido cuestionado por varios Gobiernos latinoamericanos, en especial por Venezuela, Bolivia y Ecuador.
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