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por Redacción RPP
·Los restos mortales corresponden a ganaderos, empresarios, industriales y un dirigente político asesinados en cautiverio e iban a ser devueltos este viernes.
La entrega a sus familias de 10 cadáveres de rehenes asesinados en cautiverio por las FARC, prevista para hoy, fue aplazada porque la Fiscalía ordenó cumplir los protocolos debidos, dijo a Efe el director de la fundación La Nueva Esperanza de Secuestrados, Gustavo Adolfo Muñoz.
Los restos mortales corresponden a ganaderos, empresarios, industriales y un dirigente político asesinados por las FARC en cautiverio e iban a ser devueltos a sus familiares este viernes a las 11.00 hora local (16.00 GMT) en la Catedral Primada de la ciudad de Cali (suroeste).
"Todo se dañó porque la Fiscalía desde Bogotá tiene una comisión de protocolo que tiene que viajar a Cali a hacer la entrega de los cuerpos", dijo Muñoz, quien señaló que todo se debe a la burocracia y el afán de protagonismo de algunos fiscales encargados de entregar los cuerpos.
"Son unos cadáveres que están aquí en Cali, no los tienen que traer, unos cadáveres que están plenamente identificados y las carpetas y las familias están aquí en el Valle del Cauca. No entiendo por qué tienen que venir de Bogotá y tengan que entorpecer la entrega y una ceremonia que ya estaba prevista", añadió.
El director de esa ONG, secuestrado por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y luego liberado, anotó que hasta que la comisión de protocolo de la Fiscalía viaje desde la capital del país a Cali no se podrá hacer la entrega.
"Mientras tanto, las familias que ya saben que sus muertos están ahí en una bodega, en una caja de cartón tirados, tienen que esperar hasta que protocolo de Bogotá venga. Es el colmo cómo juegan con las familias", subrayó.
Muñoz detalló que algunas de las víctimas que serán devueltas a sus familias fueron halladas amordazadas y muertas a garrotazos.
Los restos mortales pudieron ser ubicados gracias a la colaboración que prestaron algunos guerrilleros que se desmovilizaron y llevaron a Muñoz al sitio en el que las FARC asesinaron a los secuestrados.
Asimismo, indicó que los cuerpos corresponden a colombianos que no tienen voz y cuyas familias, desafortunadamente, no pudieron conseguir el dinero que les exigían para pagar su rescate.
"Pero aún más doloroso es que en algunos de estos casos, ya estando asesinados, las FARC llamaban a sus familias para exigirles 20 millones de pesos (unos 10.000 dólares) para devolverles el cadáver", añadió.
Los cadáveres corresponden a Andrés Ayala Ortiz, Víctor James Vivas, Luis Alberto Rodríguez, Amanda Ruiz Meneses, Gilberto Bautista, Leonardo Escobar Aguirre, Ricaurte Recalde Rodríguez, Víctor Hugo Zamorano, Francisco Javier Asprilla y Barla Barlahom Toro.
El Fondo Nacional para la Defensa de la Libertad Personal (Fondelibertad), adscrito al Ministerio de Defensa, señaló en abril pasado que en Colombia hay 125 personas secuestradas, 66 de ellas en poder de las FARC.
Además, se desconoce la suerte de otras 1.502 que estaban registradas como secuestradas, ya que no se conoce a los supuestos captores ni si sus familias las buscan.
Las FARC han reconocido que tienen en su poder a 23 rehenes (el Gobierno dice que son 24) considerados "canjeables" y a otros nueve para extorsionarlos porque no quisieron pagar un "impuesto revolucionario" del 10 por ciento de su fortuna. EFE
Los restos mortales corresponden a ganaderos, empresarios, industriales y un dirigente político asesinados por las FARC en cautiverio e iban a ser devueltos a sus familiares este viernes a las 11.00 hora local (16.00 GMT) en la Catedral Primada de la ciudad de Cali (suroeste).
"Todo se dañó porque la Fiscalía desde Bogotá tiene una comisión de protocolo que tiene que viajar a Cali a hacer la entrega de los cuerpos", dijo Muñoz, quien señaló que todo se debe a la burocracia y el afán de protagonismo de algunos fiscales encargados de entregar los cuerpos.
"Son unos cadáveres que están aquí en Cali, no los tienen que traer, unos cadáveres que están plenamente identificados y las carpetas y las familias están aquí en el Valle del Cauca. No entiendo por qué tienen que venir de Bogotá y tengan que entorpecer la entrega y una ceremonia que ya estaba prevista", añadió.
El director de esa ONG, secuestrado por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y luego liberado, anotó que hasta que la comisión de protocolo de la Fiscalía viaje desde la capital del país a Cali no se podrá hacer la entrega.
"Mientras tanto, las familias que ya saben que sus muertos están ahí en una bodega, en una caja de cartón tirados, tienen que esperar hasta que protocolo de Bogotá venga. Es el colmo cómo juegan con las familias", subrayó.
Muñoz detalló que algunas de las víctimas que serán devueltas a sus familias fueron halladas amordazadas y muertas a garrotazos.
Los restos mortales pudieron ser ubicados gracias a la colaboración que prestaron algunos guerrilleros que se desmovilizaron y llevaron a Muñoz al sitio en el que las FARC asesinaron a los secuestrados.
Asimismo, indicó que los cuerpos corresponden a colombianos que no tienen voz y cuyas familias, desafortunadamente, no pudieron conseguir el dinero que les exigían para pagar su rescate.
"Pero aún más doloroso es que en algunos de estos casos, ya estando asesinados, las FARC llamaban a sus familias para exigirles 20 millones de pesos (unos 10.000 dólares) para devolverles el cadáver", añadió.
Los cadáveres corresponden a Andrés Ayala Ortiz, Víctor James Vivas, Luis Alberto Rodríguez, Amanda Ruiz Meneses, Gilberto Bautista, Leonardo Escobar Aguirre, Ricaurte Recalde Rodríguez, Víctor Hugo Zamorano, Francisco Javier Asprilla y Barla Barlahom Toro.
El Fondo Nacional para la Defensa de la Libertad Personal (Fondelibertad), adscrito al Ministerio de Defensa, señaló en abril pasado que en Colombia hay 125 personas secuestradas, 66 de ellas en poder de las FARC.
Además, se desconoce la suerte de otras 1.502 que estaban registradas como secuestradas, ya que no se conoce a los supuestos captores ni si sus familias las buscan.
Las FARC han reconocido que tienen en su poder a 23 rehenes (el Gobierno dice que son 24) considerados "canjeables" y a otros nueve para extorsionarlos porque no quisieron pagar un "impuesto revolucionario" del 10 por ciento de su fortuna. EFE
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