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por Redacción RPP
·El Ministerio Fiscal concluye que la aerolínea no vendió ningún billete tras el embargo de sus aviones, el 21 de diciembre del 2009.
La Fiscalía de la Audiencia Nacional española anunció el archivo de las diligencias de investigación contra Air Comet al no apreciar indicios de delito de estafa, ya que no se ha localizado "ningún billete cuya fecha de emisión fuera posterior al 21 de diciembre de 2009", cuando cesó su actividad.
El Ministerio Fiscal sostiene que "no se percibe la existencia de conducta engañosa" de los responsables de Air Comet, quienes, hasta que un juzgado británico impidió seguir volando a la aerolínea española, "siguieron intentando, con mayor o menor acierto, salvar la viabilidad de la compañía".
Air Comet cesó su actividad el pasado diciembre y se declaró en suspensión de pagos, dejando en tierra a miles de viajeros entre España y Latinoamérica, muchos de ellos inmigrantes que volaban a sus países de origen para pasar las Navidades con sus familias.
"Se trata de un incumplimiento de obligaciones contractuales de las que se derivarían las correspondientes responsabilidades civiles, pero no de orden penal", indica el decreto conocido hoy, firmado por el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza.
Para Zaragoza, los hechos no son constitutivos de delito porque "falta el elemento de engaño previo al desplazamiento patrimonial originado por el error del sujeto pasivo, y todo ello derivado de la existencia de un plan de reconstitución financiera que tan sólo se reveló insuficiente tras la resolución de los tribunales del Reino Unido".
La Fiscalía subraya asimismo que los responsables de Air Comet intentaron renovar los acuerdos de financiación para continuar su actividad y buscaron nuevos propietarios para la aerolínea.
Air Comet pertenecía al presidente de la patronal española, Gerardo Díaz Ferrán, y a su socio Gonzalo Pascual cuando cesó su actividad y se declaró en suspensión de pagos.
El pasado 10 de junio fue vendida a la empresa Posibilitum, dentro de la venta del grupo Marsans, propiedad de esos empresarios y al que pertenecía Air Comet.
La Fiscalía abrió diligencias de investigación después de que el pasado 12 de enero el Juzgado de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional no admitiera a trámite la denuncia interpuesta por la Confederación Española de Organizaciones de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios contra Air Comet por estafa, apropiación indebida e insolvencia punible.
Según los consumidores, Air Comet continuó comercializando billetes "conociendo que no iba a poder prestar el servicio aéreo contratado", por lo que "un importante número de personas" con destino a países hispanoamericanos podían haberse visto afectadas.
Para comprobar estos hechos, la Fiscalía requirió información al Registro Mercantil Central, a la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, a los consulados de Francia, Argentina, Perú y Cuba, y a las embajadas de Colombia y Ecuador, al tiempo que recabó datos de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA).
Los informes de la Unidad de Delincuencia Económica de la Policía Judicial señalan que, "si bien los vuelos estaban programados para días posteriores" al cese de actividad de Air Comet, todos los billetes aportados por los afectados habían sido adquiridos con anterioridad al 21 de diciembre de 2009.
Así, la Fiscalía concluye que "no se ha podido acreditar que Air Comet siguiera comercializando billetes después de la fecha de suspensión de la licencia", por lo que "difícilmente podría incardinarse en el delito de estafa" del Código Penal. EFE
El Ministerio Fiscal sostiene que "no se percibe la existencia de conducta engañosa" de los responsables de Air Comet, quienes, hasta que un juzgado británico impidió seguir volando a la aerolínea española, "siguieron intentando, con mayor o menor acierto, salvar la viabilidad de la compañía".
Air Comet cesó su actividad el pasado diciembre y se declaró en suspensión de pagos, dejando en tierra a miles de viajeros entre España y Latinoamérica, muchos de ellos inmigrantes que volaban a sus países de origen para pasar las Navidades con sus familias.
"Se trata de un incumplimiento de obligaciones contractuales de las que se derivarían las correspondientes responsabilidades civiles, pero no de orden penal", indica el decreto conocido hoy, firmado por el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza.
Para Zaragoza, los hechos no son constitutivos de delito porque "falta el elemento de engaño previo al desplazamiento patrimonial originado por el error del sujeto pasivo, y todo ello derivado de la existencia de un plan de reconstitución financiera que tan sólo se reveló insuficiente tras la resolución de los tribunales del Reino Unido".
La Fiscalía subraya asimismo que los responsables de Air Comet intentaron renovar los acuerdos de financiación para continuar su actividad y buscaron nuevos propietarios para la aerolínea.
Air Comet pertenecía al presidente de la patronal española, Gerardo Díaz Ferrán, y a su socio Gonzalo Pascual cuando cesó su actividad y se declaró en suspensión de pagos.
El pasado 10 de junio fue vendida a la empresa Posibilitum, dentro de la venta del grupo Marsans, propiedad de esos empresarios y al que pertenecía Air Comet.
La Fiscalía abrió diligencias de investigación después de que el pasado 12 de enero el Juzgado de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional no admitiera a trámite la denuncia interpuesta por la Confederación Española de Organizaciones de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios contra Air Comet por estafa, apropiación indebida e insolvencia punible.
Según los consumidores, Air Comet continuó comercializando billetes "conociendo que no iba a poder prestar el servicio aéreo contratado", por lo que "un importante número de personas" con destino a países hispanoamericanos podían haberse visto afectadas.
Para comprobar estos hechos, la Fiscalía requirió información al Registro Mercantil Central, a la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, a los consulados de Francia, Argentina, Perú y Cuba, y a las embajadas de Colombia y Ecuador, al tiempo que recabó datos de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA).
Los informes de la Unidad de Delincuencia Económica de la Policía Judicial señalan que, "si bien los vuelos estaban programados para días posteriores" al cese de actividad de Air Comet, todos los billetes aportados por los afectados habían sido adquiridos con anterioridad al 21 de diciembre de 2009.
Así, la Fiscalía concluye que "no se ha podido acreditar que Air Comet siguiera comercializando billetes después de la fecha de suspensión de la licencia", por lo que "difícilmente podría incardinarse en el delito de estafa" del Código Penal. EFE
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