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por Redacción RPP
·"Es un evento sorprendente y chocante por lo brutal, lo súbito y por el nivel de impunidad, porque no es una zona aislada, hay viviendas cercanas y la carretera está a 3 kilómetros", dijo.
El forense peruano José Pablo Baraybar,
nombrado coordinador de la comisión de derechos humanos que
investiga la matanza de al menos 57 personas en el sur de Filipinas,
destacó la "chocante impunidad" con la que actuaron los asesinos, en
una zona cercana a un puesto de policía y a una base militar.
"Es un evento sorprendente y chocante por lo brutal, lo súbito y por el nivel de impunidad, porque no es una zona aislada, hay viviendas cercanas y la carretera está a tres kilómetros, no ocurrió en el desierto", afirmó en declaraciones a Efe desde la zona de la matanza.
El antropólogo forense indicó que el lugar en el que se produjo la matanza "no es visible desde la carretera, pero no está oculto, está en lo alto de una colina".
Baraybar, que llegó el pasado viernes a Filipinas, aseguró que todavía quedan dos cadáveres sin identificar, aunque él y su equipo intentarán hacerlo lo antes posible "para reducir la angustia de las familias".
En cuanto al número de muertos, no descartó que aparezcan nuevos cadáveres, pero negó que sean 64 las víctimas mortales, como han declarado algunos medios.
"En principio no hay más cuerpos, pero son dos fosas gigantescas, en una había tres automóviles y en la otra estaban los cuerpos. Están medio enterradas pero para volver a excavar tendría que haber más desaparecidos", indicó Baraybar, que espera obtener resultados de su investigación antes de su vuelta a Perú, el 10 de diciembre.
La Comisión de Derechos Humanos de Filipinas nombró el 26 de noviembre a Baraybar, director ejecutivo del Equipo Peruano de Antropología Forense (EPAF), como coordinador de la comisión investigadora sobre la matanza perpetrada el 23 de noviembre en la provincia de Maguindanao.
El EPAF es una organización civil que utiliza la antropología forense para recuperar la identidad de los desaparecidos en conflictos, y ha trabajado en las exhumaciones y procesos de identificación de varias víctimas de matanzas cometidas entre 1990 y 2000 en Perú.
El principal sospechoso de la matanza y alcalde de una pequeña localidad de la región de Maguindanao, Andal Amaptuan, fue acusado ayer formalmente de asesinato, una semana después de la tragedia fruto de una disputa entre clanes políticos rivales.
Un centenar de pistoleros secuestró el 23 de noviembre a unos 60 civiles cuando se dirigían a formalizar la candidatura a gobernador de Maguindanao de Ismail Mangudadatu, quien pretendía el cargo que ha ocupado el patriarca del poderoso clan Ampatuan desde que Arroyo asumió la presidencia de Filipinas, hace ocho años.
A las pocas horas de que se cometiera la matanza, los militares empezaron a descubrir fosas con cadáveres, incluidos de personas decapitadas o mutiladas, y mujeres con señales de haber sido violadas antes de ser asesinadas.
Entre las 57 víctimas localizadas figuran 30 periodistas de medios locales.
La familia de los Ampatuan, hasta ahora aliada política de la presidenta de Filipinas, Gloria Macapagal Arroyo, ha insistido en declarar su inocencia en la matanza y ha denunciado "un asedio" en su contra. EFE
"Es un evento sorprendente y chocante por lo brutal, lo súbito y por el nivel de impunidad, porque no es una zona aislada, hay viviendas cercanas y la carretera está a tres kilómetros, no ocurrió en el desierto", afirmó en declaraciones a Efe desde la zona de la matanza.
El antropólogo forense indicó que el lugar en el que se produjo la matanza "no es visible desde la carretera, pero no está oculto, está en lo alto de una colina".
Baraybar, que llegó el pasado viernes a Filipinas, aseguró que todavía quedan dos cadáveres sin identificar, aunque él y su equipo intentarán hacerlo lo antes posible "para reducir la angustia de las familias".
En cuanto al número de muertos, no descartó que aparezcan nuevos cadáveres, pero negó que sean 64 las víctimas mortales, como han declarado algunos medios.
"En principio no hay más cuerpos, pero son dos fosas gigantescas, en una había tres automóviles y en la otra estaban los cuerpos. Están medio enterradas pero para volver a excavar tendría que haber más desaparecidos", indicó Baraybar, que espera obtener resultados de su investigación antes de su vuelta a Perú, el 10 de diciembre.
La Comisión de Derechos Humanos de Filipinas nombró el 26 de noviembre a Baraybar, director ejecutivo del Equipo Peruano de Antropología Forense (EPAF), como coordinador de la comisión investigadora sobre la matanza perpetrada el 23 de noviembre en la provincia de Maguindanao.
El EPAF es una organización civil que utiliza la antropología forense para recuperar la identidad de los desaparecidos en conflictos, y ha trabajado en las exhumaciones y procesos de identificación de varias víctimas de matanzas cometidas entre 1990 y 2000 en Perú.
El principal sospechoso de la matanza y alcalde de una pequeña localidad de la región de Maguindanao, Andal Amaptuan, fue acusado ayer formalmente de asesinato, una semana después de la tragedia fruto de una disputa entre clanes políticos rivales.
Un centenar de pistoleros secuestró el 23 de noviembre a unos 60 civiles cuando se dirigían a formalizar la candidatura a gobernador de Maguindanao de Ismail Mangudadatu, quien pretendía el cargo que ha ocupado el patriarca del poderoso clan Ampatuan desde que Arroyo asumió la presidencia de Filipinas, hace ocho años.
A las pocas horas de que se cometiera la matanza, los militares empezaron a descubrir fosas con cadáveres, incluidos de personas decapitadas o mutiladas, y mujeres con señales de haber sido violadas antes de ser asesinadas.
Entre las 57 víctimas localizadas figuran 30 periodistas de medios locales.
La familia de los Ampatuan, hasta ahora aliada política de la presidenta de Filipinas, Gloria Macapagal Arroyo, ha insistido en declarar su inocencia en la matanza y ha denunciado "un asedio" en su contra. EFE
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