Human Rights Wacht: Arizona viola los tratados de derechos humanos

La nueva Ley de inmigración de Arizona viola un tratado internacional contra el racismo que es vinculante para todos los funcionarios del Gobierno en los Estados Unidos, señaló hoy la organización internacional Human Rights Watch (HRW).

Disposiciones clave en la ley "Inmigración, Aplicación de la Ley y Vecindarios Seguros", promulgada por Arizona el 23 de abril 2010, contradicen la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, que los Estados Unidos ratificó en 1994.

"Ser un latino se ha convertido en algo peligroso en Arizona", dijo Alison Parker, directora del programa de HRW en Estados Unidos.

"La Gobernadora de Arizona y los agentes del orden público deberían saber que con esta ley están violando un tratado internacional", indicó.

Bajo la nueva ley, los policías tendrán la facultad de detener e interrogar a cualquier persona de la que existan "sospechas razonables" de que podría estar en Estados Unidos de manera ilegal

La ley incluye disposiciones que permiten a los residentes de Arizona demandar a una ciudad o a un pueblo cuando consideren que la policía local no está haciendo cumplir la ley con vigor suficiente.

Como resultado, para no arriesgarse a una demanda, los agentes de policía estarán bajo presión para realizar un arresto, incluso en caso de duda, lo que podría resultar en arrestos ilícitos y aplicación injusta de la ley, dijo HRW

La Convención contra la Discriminación Racial requiere que todo gobierno federal, estatal y municipal asegure que sus políticas de inmigración no tengan como efecto el discriminar a personas por motivos de raza, color, linaje u origen nacional o étnico.

Esto incluye garantizar que quienes no sean ciudadanos disfruten de la misma protección y reconocimiento ante la ley.

Según señaló HRW, el gobierno de Estados Unidos tiene prohibido involucrarse en actos o prácticas de discriminación racial contra personas o grupos de personas y debe "velar por que todas las autoridades e instituciones públicas, nacionales y locales, actúen en conformidad con esta obligación".

En enero, el asesor legal del departamento de Estado de EE. UU., Harold Koh, escribió a todos los gobernadores de los estados, incluyendo a Brewer de Arizona, para recordarles de sus obligaciones en virtud del tratado contra el racismo.

HRW había igualmente escrito al Procurador General de Arizona en 2007 sobre las obligaciones del estado derivadas del tratado.

-ANDINA