El primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, aseguró que la crisis se desarrolla por la invasión rusa a Ucrania y las sanciones de Bruselas contra Moscú.
El Gobierno de Hungría ha declarado este martes el estado de emergencia en el territorio nacional a partir de la media noche debido a la amenaza que según el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, supone para Budapest la guerra en Ucrania.
El Ejecutivo húngaro ha tomado esta decisión con el fin de "salvaguardar los intereses de seguridad nacional", así como "proteger a las familias" y garantizar que el país se queda "al margen" de la guerra en el país vecino, según palabras de Orbán recogidas en Twitter por su portavoz, Zoltan Kovacs.
Para el jefe de Gobierno húngaro, la guerra en Ucrania no solo es una amenaza por el riesgo físico que supone, sino también porque desde su estallido se ha puesto en peligro el suministro eléctrico e incluso la seguridad financiera de la economía casi a nivel mundial.
"La guerra y las sanciones de Bruselas (en alusión a la Unión Europea) han provocado una gran agitación económica y aumentos drásticos de los precios. El mundo está al borde de una crisis económica", ha advertido Orbán en un mensaje publicado en su perfil de Facebook y recogido por el portal húngaro de noticias 24.hu.
Postura ante la medida
En este sentido, el primer ministro ha defendido que, al igual que cuando irrumpió el coronavirus, aplicar la medida de excepción permite al Ejecutivo tomar decisiones inmediatas encaminadas a proteger a la ciudadanía y la economía húngara.
De hecho, el estado de emergencia por la pandemia de coronavirus aún sigue vigente en Hungría y está previsto que finalice el próximo 31 de mayo, cuando habrán pasado ya más de dos años desde que fuera aplicado.
En la previa, el Parlamento de Hungría ha aprobado —con 136 votos a favor y 36 en contra-— una enmienda a la Ley Básica del país por la cual se permite declarar el estado de emergencia en caso de que un país vecino esté inmerso en una guerra.
El estado de emergencia legitima al Gobierno para suspender la aplicación de ciertas leyes, desviarse de las disposiciones legales y tomar medidas extraordinarias. Las normas permanecen en vigor durante quince días, a menos que el Parlamento de 'luz verde' al Ejecutivo para que las prorrogue.
(Con información de Europa Press)
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