La complicada agenda de los primeros 100 días del nuevo Gobierno griego

El nuevo Gobierno griego de unidad nacional, liderado por Lukás Papadimos, jurará hoy su cargo con la vista puesta en una apretada agenda para los próximos cien días, en los que se definirá buena parte del futuro de Grecia para la próxima década.

La primera tarea del primer ministro es confirmar la voluntad de Grecia de mantener la estrategia de austeridad y reformas para que la eurozona y el Fondo Monetario Internacional (FMI) liberen, a más tardar el 15 de diciembre, los 8.000 millones de euros del sexto tramo de la ayuda aprobada en 2010.

Ese dinero es esencial para que el Estado heleno pueda seguir abonando sueldos y pensiones, y hacer frente a los pagos de su deuda.

Se espera que en los próximos días funcionarios del FMI, la Comisión Europea y el Banco Central Europeo acudan a Atenas para analizar el avance de las medidas aprobadas por Atenas para reducir el gasto público.

Esa visita tendrá que servir también para negociar las condiciones de aplicación del segundo plan de rescate, aprobado el pasado 26 de octubre, y que incluye un nuevo préstamo de 130.000 millones de euros.

Ese plan también contempla la condonación del 50 %, unos 100.000 millones de euros, de la deuda asumida por Grecia con la banca internacional. Atenas tiene aún que negociar con los acreedores cómo aplicar una quita que se quiere sea efectiva en febrero.

El nuevo Gobierno también tendrá que iniciar la próxima semana el debate parlamentario de los Presupuestos Generales de 2012, con el ambicioso objetivo de pasar de un déficit del 8,9 % en 2011 a un superávit primario (antes del pago de la deuda) el año que viene.

El nuevo Ejecutivo tiene también que acelerar el programa de privatizaciones de empresas y organismos públicos, con el que espera ingresar 50.000 millones de euros hasta 2015.

Ese programa contempla una primera venta de activos estatales por valor de 1.700 millones de euros antes de que termine 2011.

Otra tarea que debe terminar antes de fin de año es la reducción de 30.000 funcionarios del sector público, un paso más del plan que pretende reducir en un 30 % el número total de empleados públicos hasta el año 2015.

El nuevo Gobierno, que tras jurar el cargo tendrá que ser aún confirmado por el Parlamento, estará activo, en principio, hasta febrero de 2012, cuando se espera que se celebren elecciones anticipadas.

EFE