Encuesta solicitada por oficiales retirados y en actividad del Ejército señaló que el 55% de los uruguayos cree que debería aprobarse una amnistía, frente al 34,5% que opina lo contrario.
La mayoría de los uruguayos estima que se debería aprobar una amnistía para los militares denunciados por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura (1973-1985) como forma de "cerrar las heridas del pasado", según una encuesta difundida el jueves.
El 55 por ciento de los consultados cree que debería aprobarse una amnistía frente al 34,5 por ciento que estima que los militares acusados de violaciones a los derechos humanos deben ser juzgados de acuerdo a la compulsa realizada el pasado mes por la empresa Interconsult.
La encuesta fue solicitada por un grupo de oficiales del Ejército, retirados y en actividad y entregada al ministro de Defensa Nacional, Eleutelio Fernández Huidobro.
De la consulta surge, además, que casi uno de cada cuatro uruguayos (23 por ciento) cree equivocadamente que el guerrillero Movimiento de Liberación Nacional (MLN-Tupamaros), del cual el actual presidente uruguayo José Mujica fue uno de los líderes históricos, surgió durante la dictadura.
El 60 por ciento respondió que cuando surgieron los Tupamaros, a finales de la década de 1960, Uruguay tenía un gobierno democrático.
Los Tupamaros fueron derrotados por los militares y sus líderes históricos estuvieron presos en duras condiciones por más de una década antes y durante la dictadura.
El pasado mes el Parlamento uruguayo aprobó una ley que restablece la pretensión punitiva del Estado para los delitos cometidos durante la dictadura y los declara crímenes de lesa humanidad para hacerlos imprescriptibles.
La ley solo tuvo los votos de la gobernante coalición de izquierda Frente Amplio que tiene la mayoría en ambas cámaras.
En la práctica la nueva norma deroga la Ley de Caducidad, aprobada en 1986 y ratificada en dos referendos posteriores, uno en 1989 y otro en 2009, y que puso fin a los juicios contra los militares y policías acusados de violaciones a los derechos humanos.
La Ley de Caducidad otorga al Gobierno la potestad de definir que delitos están contenidos en ella y cuales son excluidos.
Con la llegada de la izquierda al poder el gobierno del expresidente Tabaré Vázquez (2005-2010) dio luz verde para los juicios y varios militares fueron procesados y encarcelados entre ellos el exdictador Gregorio "Goyo" Álvarez.
EFE
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