El Gobierno de México expresó su beneplácito por el fallo de una juez en EE.UU. que bloquea parcialmente la aplicación de la Ley SB1070.
El Gobierno de México expresó su beneplácito por el fallo de una juez en EE.UU. que bloquea parcialmente la aplicación de la Ley SB1070, que criminaliza la inmigración indocumentada en el estado de Arizona, y consideró que es un primer paso para anularla.
La canciller mexicana, Patricia Espinosa, dijo en un mensaje a los medios que la Secretaría de Relaciones Exteriores expresa el pleno reconocimiento del Gobierno de México por la decisión de la Corte Federal del Distrito en Arizona de suspender provisionalmente la entrada en vigor de algunas disposiciones de la ley.
"Es un primer paso en la dirección correcta", dijo Espinosa.
La suspensión provisional impedirá a la policía detener sin una orden de arresto a un individuo bajo sospecha de ser indocumentado o requerir que porte documentación que lo identifique como inmigrante, explicó la canciller.
También impedirá a las autoridades estatales (de Arizona) criminalizar el trabajo indocumentado.
La responsable de la política exterior de México dijo que su Gobierno expresa su reconocimiento a la determinación mostrada por el gobierno federal de Estados Unidos y las organizaciones civiles que entablaron demandas contra la ley SB1070, que entrará parcialmente en vigor mañana.
Dijo que México también agradece a los Gobiernos de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Paraguay y Perú, que se sumaron a la moción de "Amigo de la Corte" presentada por México, en concordancia con su compromiso con la protección de los derechos de los mexicanos en el exterior, independientemente de su situación migratoria.
Aseguró que el Gobierno de México seguirá dando "seguimiento puntual" al proceso judicial que se derive de la decisión de la Corte del Distrito y en instancias superiores "hasta que se produzca la declaración de inconstitucionalidad de la ley SB1070".
También, apuntó, seguirá fortaleciendo acciones para prevenir violaciones a los derechos humanos de los inmigrantes y para proporcionarles protección consular.
"Con el apoyo de las organizaciones de la sociedad civil activas en la defensa de los derechos humanos, identificaremos y registraremos posibles casos de violaciones de los derechos humanos de los mexicanos", dijo la canciller al señalar que los inmigrantes será informados de los efectos de la controvertida ley.
Según cálculos oficiales, en Arizona (fronterizo con el estado mexicano de Sonora) residen alrededor de 460.000 inmigrantes indocumentados, la mayoría de ellos mexicanos.
EFE
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