OEA advierte sobre reclutamiento de jóvenes por facciones armadas

La prevención del reclutamiento de más y nuevos miembros por parte de facciones armadas surgidas tras la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) "es uno de los retos más significativos" del Gobierno colombiano, según la OEA.

Así consta en el XIV Informe Trimestral sobre la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia (MAPP/OEA) presentado hoy por el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, al Consejo Permanente del organismo.

En el Consejo, el embajador de Colombia, Luis Alfonso Hoyos, destacó los avances y admitió los retos en el proceso de paz en su país, y explicó que Bogotá ha renovado por un año el convenio con la OEA, pese a que el año pasado su predecesor, Camilo Ospina, dijo que la misión concluiría previsiblemente a finales de 2009.

En el documento, que cubre el periodo comprendido entre julio y diciembre de 2009, la OEA indica que la prevención del reclutamiento requiere de una "gran estrategia nacional de carácter integral" para evitar que siga dañando al tejido social y comprometiendo a las futuras generaciones del país andino.

Esta problemática afecta tanto a desmovilizados como a jóvenes, adolescentes y niños, así como a indígenas menores de edad.

De acuerdo con Insulza y la MAPP, las AUC "han desaparecido como una realidad política", lo cual es, sin duda, "de significativa importancia para el país" y representa un gran paso dentro del proceso de paz que se inició en el 2004.

Pero, recalcó, un parte menor ha reaparecido, no como paramilitares, sino como bandas criminales ligadas de manera explícita al narcotráfico y a otras actividades ilegales.

La Misión ha detectado que en diversas zonas del país las acciones de las estructuras emergentes o bandas criminales en contra de la población no han cesado y sigue habiendo masacres, secuestros, desapariciones, homicidios, amenazas y extorsiones.

Estas estructuras afectan directamente a líderes comunitarios y sociales, funcionarios públicos, poblaciones indígenas y afrocolombianas.

Insulza también expresó su preocupación por el aumento de la tasa de homicidios y la violencia entre estructuras emergentes que afectan a algunas zonas rurales y a ciudades como Bogotá, Cali, Barranquilla y Medellín.

La MAPP advierte de que, en la etapa electoral, no se debe "politizar los temas referentes al proceso de Justicia y Paz con el fin de no causar zozobra entre las víctimas".

En sus conclusiones, la Misión considera fundamental que se generen los mecanismos adecuados para favorecer la participación de todos los postulados a la Ley de Justicia y Paz.

Destaca el inicio de las acciones de restitución de tierras y viviendas a las víctimas desplazadas y pide que se garantice su integridad y la de los funcionarios involucrados.

Por otra parte, afirma que la percepción de inseguridad de los desmovilizados exige mejorar de los mecanismos que permitan una reintegración segura y estable, así como ajustar las medidas de protección para los casos que requieran especial atención.

También indica que los proyectos piloto de reparación colectiva "continúan lentos y desarticulados".

En el Consejo, Hoyos admitió que hay "avances significativos" pero aún "retos fundamentales" en el proceso de paz.

Destacó que el proceso de desmovilización de las AUC "no tiene antecedentes en ninguna parte" del continente "ni del mundo" y precisó que la reducción de las cifras de violencia ha sido importante.

El secuestro ha bajado en un 95 por ciento y los homicidios en un 50 por ciento, dijo, y subrayó que todos los indicadores de violencia siguen descendiendo. Reconoció, no obstante, que las tasas de homicidios se mantienen altas y que "queda un largo camino por recorrer".

La desmovilización, dijo, ha permitido recuperar la confianza en Colombia y también multiplicar prácticamente por 20 la inversión extranjera en el país. EFE