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por Redacción RPP
·Por su parte, Reporteros sin Fronteras calificó de "engañosas" y "deshonestas" las razones técnicas esgrimidas por el Gobierno para cerrar la radio.
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA manifestó hoy su preocupación por la decisión de Perú de cerrar la emisora de radio La Voz de Bagua Grande.
El Gobierno peruano canceló el pasado 8 de junio la licencia de difusión de esa emisora local, a la que políticos oficialistas, incluida la ministra de Interior, Mercedes Cabanillas, acusaron de promover la violencia en la Amazonía.
Tres días antes, en la provincia selvática de Bagua, 24 policías y 10 civiles murieron durante el desalojo de una carretera bloqueada por indígenas y la toma de una estación petrolera.
El Estado peruano alegó ante la Relatoría Especial de la Organización de Estados Americanos (OEA) que tomó su decisión contra La Voz porque "la emisora no cumplió con los requisitos técnicos contemplados en las normas vigentes", pero en ningún momento se refirió a los enfrentamientos.
No obstante, la Relatoría señaló, en un comunicado distribuido hoy, que la medida "podría haber tenido un efecto silenciador sobre radios de la zona".
La emisora apeló la decisión del Gobierno, al tiempo que la Relatoría de la OEA exhortó al Estado "a tomar en cuenta los más altos estándares sobre libertad de expresión, derivados del artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos, al momento de evaluar el recurso".
La decisión del Gobierno peruano ha provocado críticas de otras organizaciones internacionales.
La asociación de defensa de los derechos humanos Human Rights Watch (HRW) afirmó que la anulación de la licencia puede representar "un acto de censura o un castigo" por la información que la emisora emitió sobre las protestas.
Por su parte, Reporteros sin Fronteras calificó de "engañosas" y "deshonestas" las razones técnicas esgrimidas por el Gobierno, y dijo que, en realidad, "se trata de un acto de censura y de intimidación". EFE
El Gobierno peruano canceló el pasado 8 de junio la licencia de difusión de esa emisora local, a la que políticos oficialistas, incluida la ministra de Interior, Mercedes Cabanillas, acusaron de promover la violencia en la Amazonía.
Tres días antes, en la provincia selvática de Bagua, 24 policías y 10 civiles murieron durante el desalojo de una carretera bloqueada por indígenas y la toma de una estación petrolera.
El Estado peruano alegó ante la Relatoría Especial de la Organización de Estados Americanos (OEA) que tomó su decisión contra La Voz porque "la emisora no cumplió con los requisitos técnicos contemplados en las normas vigentes", pero en ningún momento se refirió a los enfrentamientos.
No obstante, la Relatoría señaló, en un comunicado distribuido hoy, que la medida "podría haber tenido un efecto silenciador sobre radios de la zona".
La emisora apeló la decisión del Gobierno, al tiempo que la Relatoría de la OEA exhortó al Estado "a tomar en cuenta los más altos estándares sobre libertad de expresión, derivados del artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos, al momento de evaluar el recurso".
La decisión del Gobierno peruano ha provocado críticas de otras organizaciones internacionales.
La asociación de defensa de los derechos humanos Human Rights Watch (HRW) afirmó que la anulación de la licencia puede representar "un acto de censura o un castigo" por la información que la emisora emitió sobre las protestas.
Por su parte, Reporteros sin Fronteras calificó de "engañosas" y "deshonestas" las razones técnicas esgrimidas por el Gobierno, y dijo que, en realidad, "se trata de un acto de censura y de intimidación". EFE
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