El Parlamento Europeo (PE) aprobará mañana definitivamente
la imposición de sanciones administrativas y, en algunos casos, penales a los
empresarios que den trabajo a inmigrantes en situación irregular.
Los principales grupos expresaron hoy su apoyo al acuerdo
pactado por el ponente de la directiva en
Los eurodiputados que intervinieron en el debate recalcaron,
en su mayoría, la necesidad de actuar contra los empleadores para dar un
enfoque global a la lucha contra la inmigración ilegal.
La propuesta que respaldará mañana
Éstas incluyen desde multas en las que se incluiría el coste
de la repatriación del trabajador hasta la pérdida de subsidios y la
imposibilidad de optar a ayudas públicas en un plazo de cinco años.
Además, el empresario tendrá que abonar una suma igual a la
cantidad de impuestos y cotizaciones que habría pagado si el trabajador tuviese
un contrato legal y estará obligado al pago automático de los salarios
atrasados.
La directiva contempla sanciones penales contra los
empleadores en caso de reincidencia, si contratan a un gran número de personas
en situación irregular, si las condiciones de trabajo están marcadas por la
explotación, si la persona empleada es víctima del tráfico de seres humanos y
su empleador lo sabe o si se trata de un menor.
Fava destacó hoy la importancia de este punto, pues será
"la primera vez" que
Sin embargo, las sanciones penales han recibido las críticas
de algunos diputados, que consideran que la norma europea podría entrar en colisión
con las competencias nacionales.
Si el empleador es un subcontratista, el contratista
principal y los intermediarios serán considerados responsables, según el texto,
y su implicación será plena en caso de que se demuestre que estaban al
corriente de la situación de ilegalidad de la empresa subcontratada.
En el caso de las personas que utilizan a sin papeles como
empleados del hogar, el texto contempla "sanciones financieras
reducidas" siempre que no se trate de casos de explotación.
Para el eurodiputado de CiU Ignasi Guardans, las sanciones
contenidas en la directiva son "adecuadas y proporcionadas".
"La lucha contra la inmigración ilegal no se hace sólo
con controles policiales, sino también en las oficinas de recursos humanos que
contratan y explotan a los trabajadores", aseguró.
"Esta directiva, que será un instrumento eficaz en la
lucha contra las mafias y explotadores, complementa las medidas que hemos
aprobado en los últimos meses", señaló por su parte el socialista español
Javier Moreno, en referencia a la directiva de retorno de sin papeles y a las
acciones para impulsar la inmigración legal, como la tarjeta azul para
trabajadores cualificados.
Moreno consideró que será necesaria "valentía" por
parte de los Gobiernos para aplicar correctamente la legislación y luchar
contra la "economía sumergida", y recordó que el Gobierno español ha
sido uno de los principales impulsores de esta norma.
Actualmente, la legislación española prevé multas de entre
6.001 y 60.000 euros por cada trabajador extranjero en situación irregular.
Por su parte, el comisario europeo de Libertad, Seguridad y
Justicia, Jacques Barrot, aseguró que
Barrot aseguró que Bruselas "prestará mucha atención a las inspecciones" para luchar contra el empleo de sin papeles. EFE
