El pleno del Parlamento Europeo (PE) respaldó hoy finalmente la norma comunitaria que establece sanciones mínimas en toda la UE para los empresarios que contraten a inmigrantes en situación irregular.
Los eurodiputados, que ya habían aprobado la medida el pasado 4 de febrero, respaldaron hoy un añadido pactado entre el ponente del texto, el socialista italiano Claudio Fava, y los representantes de los Estados miembros para dejar claro que la norma no es un obstáculo para ampliar en el futuro la responsabilidad en las subcontratas.
Con la votación de hoy, el Parlamento adoptó su postura formalmente, por lo que a partir de ahora los países tendrán un máximo de dos años para aplicar la nueva legislación.
En primer lugar, las empresas tendrán la responsabilidad de comprobar que las personas de países extracomunitarios que emplean tienen documentos en regla, y deben comunicar su contratación a las autoridades.
Las sanciones para quienes contraten a ilegales abarcan desde multas, en las que se incluiría el coste de la repatriación del trabajador, hasta la pérdida de subsidios y la imposibilidad de optar a ayudas públicas en un plazo de cinco años.
Además, el empresario tendrá que abonar una suma igual a la cantidad de impuestos y cotizaciones que habría pagado si el trabajador tuviese un contrato legal y estará obligado al pago automático de los salarios atrasados.
Pero la directiva prevé también sanciones penales para los casos más graves: si el empresario es reincidente, si contrata a un gran número de personas en situación irregular, si explota a los inmigrantes, si la persona empleada es víctima de tráfico de seres humanos y su empleador lo sabe o si se trata de un menor.
Si el empleador es un subcontratista, el contratista principal y los intermediarios serán considerados responsables, y su implicación será plena en caso de que se demuestre que estaban al corriente de la situación de ilegalidad de la empresa subcontratada.
Precisamente, el deseo de la Eurocámara de que no se descarte ampliar en el futuro las sanciones dentro de la cadena de subcontratistas fue lo que retrasó hasta hoy la aprobación formal del texto.
Éste prevé para quienes contratan a personas sin papeles como empleados del hogar "sanciones financieras reducidas" siempre que no se trate de casos de explotación.
Mientras, los trabajadores irregulares detectados podrán disfrutar de un período de estancia temporal hasta que reciban los atrasos e indemnizaciones correspondientes, aunque luego serán repatriados.
Se calcula que en los 27 países de la Unión Europea hay entre 4 y 8 millones de inmigrantes indocumentados.
Esta directiva forma parte de un conjunto de medidas planteadas recientemente por la UE para promover la inmigración legal, como la ya aprobada "tarjeta azul" para atraer a trabajadores muy cualificados o la propuesta para que los inmigrantes legales tengan derechos similares en toda la Unión. EFE
Los eurodiputados, que ya habían aprobado la medida el pasado 4 de febrero, respaldaron hoy un añadido pactado entre el ponente del texto, el socialista italiano Claudio Fava, y los representantes de los Estados miembros para dejar claro que la norma no es un obstáculo para ampliar en el futuro la responsabilidad en las subcontratas.
Con la votación de hoy, el Parlamento adoptó su postura formalmente, por lo que a partir de ahora los países tendrán un máximo de dos años para aplicar la nueva legislación.
En primer lugar, las empresas tendrán la responsabilidad de comprobar que las personas de países extracomunitarios que emplean tienen documentos en regla, y deben comunicar su contratación a las autoridades.
Las sanciones para quienes contraten a ilegales abarcan desde multas, en las que se incluiría el coste de la repatriación del trabajador, hasta la pérdida de subsidios y la imposibilidad de optar a ayudas públicas en un plazo de cinco años.
Además, el empresario tendrá que abonar una suma igual a la cantidad de impuestos y cotizaciones que habría pagado si el trabajador tuviese un contrato legal y estará obligado al pago automático de los salarios atrasados.
Pero la directiva prevé también sanciones penales para los casos más graves: si el empresario es reincidente, si contrata a un gran número de personas en situación irregular, si explota a los inmigrantes, si la persona empleada es víctima de tráfico de seres humanos y su empleador lo sabe o si se trata de un menor.
Si el empleador es un subcontratista, el contratista principal y los intermediarios serán considerados responsables, y su implicación será plena en caso de que se demuestre que estaban al corriente de la situación de ilegalidad de la empresa subcontratada.
Precisamente, el deseo de la Eurocámara de que no se descarte ampliar en el futuro las sanciones dentro de la cadena de subcontratistas fue lo que retrasó hasta hoy la aprobación formal del texto.
Éste prevé para quienes contratan a personas sin papeles como empleados del hogar "sanciones financieras reducidas" siempre que no se trate de casos de explotación.
Mientras, los trabajadores irregulares detectados podrán disfrutar de un período de estancia temporal hasta que reciban los atrasos e indemnizaciones correspondientes, aunque luego serán repatriados.
Se calcula que en los 27 países de la Unión Europea hay entre 4 y 8 millones de inmigrantes indocumentados.
Esta directiva forma parte de un conjunto de medidas planteadas recientemente por la UE para promover la inmigración legal, como la ya aprobada "tarjeta azul" para atraer a trabajadores muy cualificados o la propuesta para que los inmigrantes legales tengan derechos similares en toda la Unión. EFE
