Justicia de Uruguay suspende vacunación de menores de 13 años contra la COVID-19 y Gobierno califica medida como "un disparate"

Un juez de Uruguay decidió este jueves "la suspensión inmediata" de la vacunación contra el coronavirus a niños menores de 13 años, hasta que se conozcan los contratos entre el Estado y la farmacéutica Pfizer y la "composición de las sustancias" contenidas en el medicamento.

"Bajo apercibimiento de desacato", el juez Alejandro Recarey, que actúa como suplente en un juzgado de lo Contencioso Administrativo, tomó la determinación tras un pedido de amparo para suspender la inoculación de la vacuna a niños, prevista en el país a partir de los 5 años de edad, aunque de forma voluntaria.

La suspensión, comunicada en un fallo emitido este jueves, estará vigente hasta que "se publique o publiquen íntegros (...) todos los contratos de compra de estas vacunas" y los documentos que "detallen la composición de las sustancias a inocular", reza la resolución.

El gobierno de Luis Lacalle Pou, que junto con Pfizer habían sido requeridos para presentar información sobre las vacunas por el mismo magistrado, anunció que acatará la sentencia —que tiene efecto inmediato— pero hará apelación.

"Un disparate"

El Gobierno de Uruguay aseguró que acatará el fallo judicial aunque lo calificó como "un disparate".

Así lo dijo en una rueda de prensa el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, después de que se conociera la sentencia dictada por el juez Alejandro Racarey, quien hizo lugar a un amparo presentado por un abogado solicitando detener la inoculación, pese a que esta es voluntaria.

Asimismo, subrayó que el Gobierno apelará el fallo de inmediato y que espera que en pocos días los padres que quieran puedan volver a vacunar a sus hijos.

"El Gobierno respeta la ciencia y respeta la Justicia. Por eso, el Ministerio de Salud Pública está suspendiendo la vacunación voluntaria a menores. La segunda cosa que queremos decir es que este fallo lo vamos a apelar", puntualizó.

Agregó que la decisión del juez "pone en la Justicia la responsabilidad de la posible afectación de la salud de una cantidad de menores en Uruguay que se querían vacunar".

"El día de hoy era un día de vacunación de menores. Había habilitados para segunda dosis 5 800 menores para vacunarse. Muchos de ellos con comorbilidades, muchos de ellos con prescripción médica", explicó.

Y agregó: "Estoy muy preocupado, quizá es la forma más diplomática de decirlo, pero estoy muy preocupado y hay muchos padres que estan indignados. Obivamente los que querían vacunar a sus hijos, porque no es obligatorio, es voluntario".

Sobre el final de su conferencia, el secretario de Presidencia dijo que espera que "en pocos días" esto sea "una anécdota desagradable".

Decisión del juez

Recarey entiende que se debe "suministrar a los responsables de los menores que se vacunen" un texto "que informe completamente y con claridad" del contenido de las inyecciones, sus beneficios, los riesgos que conlleve su suministro "con detalle de naturaleza, probabilidad (y) magnitud", y los "efectos adversos ya detectados, en su totalidad".

Las disposiciones del contrato firmado entre el gobierno uruguayo y Pfizer no tomaron estado público en el país sudamericano de 3,5 millones de habitantes, que tuvo una precoz campaña de vacunación contra el COVID-19.

Antes de la sentencia, el Ejecutivo uruguayo recusó al juez al cuestionar su imparcialidad "por haber dado su opinión previa respecto a la misma temática".

En un comunicado difundido este mismo jueves en Twitter, el Ministerio de Salud Pública señaló que la vacunación en el país estuvo "basada en la evidencia científica disponible".

(Con información de AFP y EFE)