La nación asiática tiene una de las leyes antidrogas más draconianas del planeta.
Dos personas condenadas a muerte por narcotráfico fueron ahorcadas ayer, miércoles, en Singapur, en plena escalada de ejecuciones en la isla, con entre doce y catorce en lo que va de año, según el Gobierno y ONG, respectivamente, que afirman que se trata de una cifra anual "récord" desde 2003.
La agencia antinarcóticos de Singapur indicó en su página web que las dos personas condenadas, de 64 y 50 años y nacionalidad singapurense, fueron ejecutadas después del "debido proceso legal" y de que "estuvieran representadas por un abogado durante el juicio y la apelación".
Si bien el organismo oficial no dio más detalles sobre las personas ejecutadas, la oenegé Alianza contra la Pena de Muerte, que engloba a varios grupos de derechos humanos de Singapur, indicó que se trata de un hombre, Hamzah Bin Ibrahim, y de la última mujer que quedaba en el corredor de la muerte en la isla, a quien no identificó.
"Hamzah y la última mujer en el corredor de la muerte fueron ejecutados esta mañana. Vengan esta tarde a velarlos", señaló en un mensaje en Instagram.
Las autoridades antinarcóticos isleñas no confirmaron de momento el sexo de los ejecutados, que sí hicieron en previas ocasiones este año, todos hombres hasta la fecha.
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Draconianas leyes antidrogas
La próspera ciudad-Estado asiática tiene una de las leyes antidrogas más draconianas del planeta, y no suele informar de todas las ejecuciones, que lleva a cabo con opacidad.
Oenegés como Transformative Justice Collective (TJC), que piden la abolición de la pena capital, indican que con estas últimas ejecuciones van 14 este año, y advierten que podría haber más.
Las autoridades singapurenses llevaron a cabo las ejecuciones -con la horca como el método empleado en el país- cinco días después de que se conmemorase el Día Mundial contra la Pena de Muerte y una semana después de otra ejecución a un ciudadano malasio, acusado de importar 51,84 gramos de heroína a Singapur.
TJC y Amnistía Internacional (AI) han denunciado la actual oleada de ahorcamientos, que ya superó el récord de 11 en 2022, tras dos años sin ejecuciones por un parón durante la pandemia de la COVID-19.