La criminalización de la protesta social frente a proyectos extractivos ha aumentado en Ecuador, según un informe de organismos de derechos humanos presentado ayer en Quito, que afirma que con ello se busca "detener la labor de los líderes sociales", así como intimidar y estigmatizar a quienes la ejercen.
El informe, elaborado por la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), en conjunto con la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos y la Fundación regional de asesoría en derechos humanos, se presentó con ocasión del Día Internacional de los Derechos Humanos.
Según las organizaciones, el fenómeno de criminalización de la protesta social en América Latina "aumenta" y en Ecuador esta práctica pretende "intimidar y estigmatizar" a quienes "protestan en contra de proyectos industriales o en defensa de sus territorios".
Autoridades del Gobierno ecuatoriano y el propio gobernante, Rafael Correa, han asegurado reiteradamente que en el país está permitida la protesta pacífica que no afecte la provisión de servicios públicos o la libre circulación, y que no se persigue a personas sino a delitos.
En el informe, que se centra en tres casos, con la aclaración de que no son los únicos, se examinan supuestas violaciones a la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH) por parte del Estado ecuatoriano en casos judiciales de varios líderes comunitarios y defensores de derechos humanos en Ecuador.
A la luz de esos tres casos, José Araya, representante de la FIDH, dijo en rueda de prensa que "claramente hay un hostigamiento judicial a líderes y organizaciones".
EFE
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