por Agencia EFE
·La directora de Socorro Jurídico Humanitario (SJH), Ingrid Escobar, señaló que el 94 % de las personas fallecidas "no tenían perfil de pandilleros" y alertó que el número de muertes bajo custodia del Estado "podría superar los 1.000".
La cifra de personas fallecidas en diferentes cárceles de El Salvador en custodia de las autoridades y detenidas en el marco de un régimen de excepción vigente desde marzo de 2022 para combatir a las pandillas asciende a 450, según registros de la organización no gubernamental Socorro Jurídico Humanitario (SJH) compartidos este lunes.
La directora del Socorro Jurídico, que brinda acompañamiento a familiares de detenidos, Ingrid Escobar, confirmó dicha cifra computada hasta el 31 de octubre pasado.
Escobar señaló, en una declaración compartida a EFE, que "el último caso registrado por la organización se trata del joven Humberto Adonay Mónico, de 35 años, que murió en el centro penal La Esperanza y su cuerpo presentaba signos de violencia, un golpe a nivel de cráneo y otro en la costilla".
Escobar apuntó que "la mayoría de muertes han sucedido en los centros penales Izalco, Mariona (La Esperanza) y Apanteos".
Según el SJH, el 94 % de las personas fallecidas "no tenían perfil de pandilleros" y alertó que el número de muertes bajo custodia del Estado "podría superar los 1.000", pero "se tiene información que se quieren ocultar en los juicios masivos".
Reforma aprobada por la Asamblea Legislativa permite procesos penales masivos
Una reforma penal aprobada en 2023 por la Asamblea Legislativa -dominada por el oficialismo- permite la realización de procesos penales masivos y colectivos por grupo de pandillas, y elimina los procesos individuales.
A la fecha no se ha emitido alguna sentencia bajo este procedimiento, el cual, según han denunciado organizaciones de derechos, "vulnera y violenta el derecho al debido proceso" de las personas procesadas.
El Gobierno salvadoreño ha negado en repetidas ocasiones, incluso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), acusaciones de torturas y fallecidos en las prisiones del país.
El régimen de excepción, que deja más de 89.900 detenidos, se aprobó tras el asesinato de más de ochenta personas en un fin de semana a finales de marzo de 2022, lo que investigaciones del medio local El Faro señalan que se dio por la ruptura de un pacto entre el Gobierno del presidente Nayib Bukele y las bandas criminales.
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