Un juez ordenó detener a Fernández por los presuntos delitos de traición a la patria y encubrimiento agravado.
La expresidenta y senadora argentina Cristina Fernández se definió como víctima de una "persecución" y definió como un "exceso" y una violación del Estado de derecho que un juez la procesara con prisión preventiva por presuntamente encubrir a los iraníes acusados del ataque a una mutual judía en 1994.
"Estas medidas degradan aún más a la justicia argentina y señalan al Gobierno y al presidente Mauricio Macri como el máximo y verdadero responsable de una organización política y judicial para perseguir a la oposición", dijo la exmandataria, quien juró su cargo como legisladora hace poco más de una semana.
Pedido de arresto
El juez Claudio Bonadio ordenó detener a Fernández, entre otros exmiembros de su Gobierno, por los presuntos delitos de traición a la patria y encubrimiento agravado. También pidió al Senado que le despoje de su inmunidad, al considerar que puede entorpecer la investigación.
Las autoridades investigan si un acuerdo suscrito entre Argentina e Irán en 2013 buscaba encubrir, a cambio de impulsar la relación comercial bilateral, a los imputados iraníes del atentado a la mutual AMIA. El ataque de 1994 dejó 85 muertos y todavía sigue impune.
Críticas al fallo judicial
"Lo que realmente se acordó para el memorándum (con Irán) fue lograr que quienes estaban acusados de haber participado en el atentado se les pudiera tomar declaraciones indagatorias", dijo Fernández, quien añadió que la causa por el ataque estaba "totalmente paralizada" porque Irán no extraditaba a los acusados.
La expresidenta criticó que se la acuse de "traición a la patria" porque a su juicio es un delito que "solamente puede producirse" si el país está en guerra. No descartó acudir a tribunales internacionales para denunciar su situación.
Decisión en el Senado
Para Fernández, estas "maniobras" tienen un ánimo de "persecución inédita" de la oposición "en tiempos democráticos", que tienen a Macri como "director de la orquesta" y a Bonadio como ejecutor de "la partitura judicial".
La Cámara Alta deberá decidir si atiende la solicitud de quitar la inmunidad de arresto a Fernández -que juró su cargo el pasado 29 de noviembre-, para lo que será necesario el sí de dos tercios de los legisladores. En el Senado ningún grupo tiene mayoría absoluta. No se atisba que el desafuero pueda prosperar porque el histórico Partido Justicialista, con gran representación en la Cámara, ya ha adelantado que no acompañará el pedido. EFE
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