La investigación sobre el caso de megacorrupción que salpica a decenas de funcionarios y empresarios latinoamericanos inició el 17 de marzo de 2014.
La Operación Lava Jato, una investigación originada del caso de megacorrupción de la empresa brasileña Petrobras, cumplirá tres años de actividad este 17 de marzo. En este tiempo, 125 personas ya han sido condenadas y otras decenas se encuentran bajo la lupa de jueces y fiscales en toda América Latina.
El caso ha salpicado a diferentes empresarios y funcionarios desde México hasta Perú, pasando por Colombia, Panamá, Venezuela, Chile, entre otros países. El motivo es el presunto pago de sobornos por parte de empresas investigadas como Odebrecht a diferentes funcionarios para la adjudicación de obras públicas. A estos involucrados, según la Fiscalía, se suman algunos expresidentes como los peruanos Alejandro Toledo y Alan García, y el mexicano Felipe Calderón.
¿Qué ha pasado en Brasil? Desde que se destapó el escándalo, el grupo especial de Lava Jato, integrado por fiscales, policías federales y agentes del Fisco, ha detenido a cerca de 200 personas. Entre ellos, hay ex altos cargos de Petrobras y directores de varias de las principales constructoras de Brasil.
Según datos actualizados recientemente por la Fiscalía brasileña, la investigación identificó hasta ahora el pago de sobornos por un valor de 6.400 millones de reales (unos 2.064 millones de dólares). Las indagaciones en Brasil motivaron la apertura de 57 procesos penales contra 260 acusados. Por el momento se han dictado condenas en 25 juicios por un total de 1.317 años de prisión.
Caso Odebrecht. Las delaciones premiadas, con las que se buscan testimonios a cambio de rebajas en las condenas, de 77 ex directores ejecutivos de la constructora brasileña Odebrecht han sido fundamentales.
El juez federal Sergio Moro, titular del juzgado trece de la ciudad de Curitiba y responsable por el caso, ha dictado prisión a figuras como los exministros Antonio Palocci y José Dirceu. También al expresidente de la Cámara de Diputados Eduardo Cunha y al expresidente de la constructora Marcelo Odebrecht, y tres de sus procesos tienen en la mira al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010).
Algunos se salvan. Pero los acusados con fuero privilegiado, entre ellos decenas de congresistas fuera del alcance de Moro, se han beneficiado de la lentitud de los procesos en el Supremo Tribunal Federal (STF), la máxima corte del país y única que puede juzgar a políticos con mandatos ejecutivos o legislativos.
Desde marzo de 2015, cuando el caso Lava Jato llegó por primera vez a este tribunal de máxima instancia, la Fiscalía ha presentado 20 denuncias contra 59 acusados con fuero privilegiado, pero sólo seis han sido aceptadas y no se ha condenado a nadie.
Otras posibles detenciones. Según un amplio estudio sobre el desempeño de la Corte Suprema de Brasil titulado “Proyecto Supremo en Números”, se estima que la demora promedio para atender denuncias contra políticos es de 662 días. Este ritmo se ha mantenido así en los últimos diez años.
Sin embargo, el responsable de este análisis y especialista en Derecho Público, Ivar Hartmann, asegura que la Corte sentirá una fuerte presión en los siguientes días, para cuando el Procurador General de la República, Rodrigo Janot, presente denuncias contra al menos otros 170 políticos con fuero privilegiado. La documentación de Janot perjudica, según medios locales, a altos cargos de todos los partidos políticos brasileños. (EFE)
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