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por Redacción RPP
·Los trabajadores despedidos o cuyos contratos no han sido renovados se sumarán a los que van a generar los planes de privatización de empresas públicas, donde el Gobierno pretende eliminar cerca de 100 mil puestos en algo más de 40 compañías, según ha dicho el propio presidente argentino Javier Milei.
Más de 33.000 empleados públicos se han quedado sin trabajo en Argentina desde que Javier Milei asumió la Presidencia el 10 de diciembre de 2023, la gran mayoría por despidos, pero también por la no renovación de contratos, bajas voluntarias y jubilaciones que no han sido restituidas, informaron este jueves fuentes oficiales.
El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, justificó estas decisiones en que “la única manera sustentable de bajar la carga de impuestos es bajando el gasto público”, según publicó en su perfil de X.
Sturzenegger publicó en las redes sociales un gráfico con el número de puestos de trabajo perdidos en el sector estatal entre enero y septiembre de este año, cifras que alcanzan un total de 33.291 trabajadores.
Unas 20.026 personas, la gran mayoría, pertenecían a la administración pública, 11.014 a empresas estatales y otras 2.251 a la Policía y el Ejército.
La oleada de desvinculación de empleados más dramática tuvo lugar a principios de la gestión de Javier Milei, cuando en enero pasado se perdieron 7.607 empleos.
En abril de este año, otros 7.000 trabajadores se quedaron en la calle a causa de la no renovación de contratos, retiros voluntarios y jubilaciones, que no han sido restituidos.
Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), hasta agosto se eliminaron unos 28.500 empleos estatales, es decir dependientes de la estructura de la Nación y no de las provincias y municipios, lo que supone una reducción de casi el 10 % de la plantilla, que en agosto pasado era de 309.849 personas.
Protestas contra Milei
La semana pasada, Milei hizo una advertencia a alrededor de 10.000 funcionarios del Estado para que inicien sus trámites de jubilación y anunció que 40.000 empleados con contratos temporales deberán someterse a un examen de idoneidad para poder continuar en sus puestos.
Estas decisiones han llevado esta semana a la convocatoria de huelgas y protestas en todo el país contra los recortes y en demanda de mejoras salariales, impulsadas por los principales sindicatos de asalariados públicos.
Fuentes del Ministerio de Desregulación dijeron a EFE que el Gobierno seguirá recortando el gasto público y las plantillas para “respetar el mandato de la sociedad expresado en las urnas el año pasado”.
Los trabajadores despedidos o cuyos contratos no han sido renovados se sumarán a los que van a generar los planes de privatización de empresas públicas, donde el Gobierno pretende eliminar cerca de 100.000 puestos en algo más de 40 compañías, según ha dicho el propio Javier Milei.
(EFE)
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