Nicaragua y Guatemala: autoritarismo y corrupción, por Fernando Carvallo [COLUMNA]

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De dos maneras diferentes, los acontecimientos de ayer en Nicaragua y Guatemala ponen en evidencia las principales amenazas a la democracia en nuestra región: el autoritarismo y la corrupción. En el caso de Nicaragua, el obispo Rolando Álvarez y quince sacerdotes han sido deportados de su propio país después de haber pasado 500 días en la cárcel por haber mantenido su independencia frente al régimen dictatorial de Daniel Ortega. El obispo Álvarez había sido condenado a 26 años por una Corte al servicio de la voluntad arbitraria del Poder Ejecutivo. Violando la constitución, Ortega se perpetúa en el poder desde hace 18 años y ha asegurado su sucesión al integrar en su fórmula presidencial a su esposa. El dictador sandinista se permite revocar la nacionalidad de quienes no se someten a su dictadura y los acusa de traición a la patria o de azuzamiento para producir derramamiento de sangre. Por su parte, en Guatemala el Congreso ofreció ayer un espectáculo grotesco dirigido a dilatar la juramentación del presidente Bernardo Arévalo, elegido por amplia mayoría en agosto del año pasado. El Congreso debía elegir su Mesa Directiva antes de la ceremonia de juramentación en presencia de invitados extranjeros. Arévalo ganó con un programa orientado a luchar contra el problema más grave del país, la corrupción. Como en el Perú, varios presidentes guatemaltecos se hallan investigados y han sido encarcelados por aprovechamiento ilegal de recursos públicos. La oposición más obstruccionista a Arévalo ha provenido de la Fiscal de la Nación, quien multiplicó investigaciones para impedir el acceso a la presidencia de Arévalo. Estados Unidos ha recurrido a una medida extrema para sancionar a la Fiscal y a cerca de 300 políticos y funcionarios implicados en un sabotaje a la democracia: la revocación de visas y la prohibición de entrar a territorio de Estados Unidos. Al parecer, para algunos políticos con inversiones en Estados Unidos la cancelación de la visa resulta una medida mucho más contundente que las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

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