Horas antes, un juez de la misma corte había emitido un fallo que abría la puerta a la posible liberación del expresidente, quien purga desde abril una pena de 12 años por corrupción.
El presidente del Supremo Tribunal Federal (STF), José Antonio Dias Toffoli, suspendió este miércoles un fallo emitido poco antes por otro juez de esa misma corte que abría la puerta a la liberación del expresidente Luiz Inacio Lula da Silva, que purga una pena de 12 años de cárcel por corrupción.
"Concedo la suspensión de la medida cautelar para suspender los efectos de la decisión anunciada el día de hoy", escribió Días Toffoli, poniendo fin así a un nuevo forcejeo judicial en Brasil en torno al exmandatario de izquierda.
La puerta de la celda de Lula está parecía abrirse este miércoles con una polémica cautelar dictada por el magistrado Marco Aurelio Mello contra la posibilidad de que una pena sea ejecutada una vez confirmada en segunda instancia, tal como es el caso de Lula y de otras 196.300 personas en Brasil.
Mello se apoyó en un artículo de la Constitución según el cual una pena de prisión sólo se puede cumplir cuando sea firme, lo cual ocurre tras lo que en Brasil se conoce como "tránsito en juzgado", que supone el fin de todo el proceso de apelaciones, que llega hasta la cuarta instancia. Sin embargo, una jurisprudencia adoptada en 2016 por la Corte Suprema, ratificada este año en una ajustada votación que acabó 6-5, contempla la posibilidad de que una sentencia empiece a ejecutarse una vez ratificada en segunda instancia.
Esa decisión se justificó en su momento en el hecho de que en los dos procesos de apelaciones que restan a partir de esa fase no se juzga ya el mérito de la acusación, sino solamente asuntos formales que difícilmente modifican la sentencia.
La cautelar fue dictada a pedido del Partido Comunista do Brasil (PCdoB), un histórico aliado de Lula, el mismo día en que la Corte Suprema inició un receso que durará hasta el próximo mes de febrero, lo que generó aún más polémica sobre la posible excarcelación de Lula y otros políticos condenados por corrupción.
Los fiscales responsables por la llamada Operación Lava Jato, que llevó a prisión a Lula y a dirigentes de una decena de partidos, se plantaron frente a la decisión y consideraron que si no era anulada se "consagraría la impunidad".
El Partido de los Trabajadores (PT) se movió con rapidez y llegó a solicitar formalmente la excarcelación de su máximo líder. "Se hace necesario darle inmediato cumplimiento a la decisión emanada de la Suprema Corte", alegaron los abogados de Lula.
Sin embargo, la jueza responsable del caso supeditó la libertad de Lula a la posición que adoptaría sobre el asunto la Fiscalía General. Ese organismo lo hizo de hecho, pero con una apelación que presentó contra la cautelar apenas unas horas después de que fue dictada y que fue finalmente negada por Dias Tóffoli. (EFE y AFP)
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