Los sentenciados habían incendiado la fábrica de la empresa Ali Enterprises, el 11 de septiembre de 2012, puesto que sus propietarios se habían negado a pagar sobornos, según la justicia.
Dos hombres fueron condenados a muerte este martes por haber provocado un incendio deliberado en una fábrica de ropas en Karachi, Pakistán, en 2012, en el que murieron más de 260 personas.
Ambos acusados habían incendiado la fábrica de la empresa Ali Enterprises, el 11 de septiembre de 2012, puesto que sus propietarios se habían negado a pagar sobornos, según la justicia.
Los condenados "serán colgados hasta que mueran", se puede leer en la sentencia de un tribunal antiterrorista de Karachi, megalópolis paquistaní con más de 20 millones de habitantes.
"El tribunal los condenó a 264 penas de muerte por matar a igual número de personas", indicó a la AFP el fiscal, Sajid Mehmood Sheikh, que calificó las penas de "muy apropiadas".
Ambos acusados eran miembros del Movimiento Muttahida Qaumi (MQM), un partido que controló durante décadas a Karachi. El MQM está acusado en particular de haber hecho asesinar a opositores y extorsionado fondos a empresas, hasta que una operación de las fuerzas del orden, en 2013, debilitó de manera significativa su control sobre la ciudad.
El tribunal, no obstante, absolvió este martes a un diputado provincial del MQM y a otras tres personas en este mismo caso. Aquel incendio todavía es considerado uno de los peores desastres industriales en la historia de Pakistán.
El siniestro había dejado en evidencia las miserables condiciones laborales de los trabajadores textiles paquistaníes, y el dilema de los industriales locales, a veces inclinados a sacrificar la seguridad de sus trabajadores en aras de exportar más.
El edificio de la fábrica, destartalado, estaba repleto a tope, con sus ventanas cubiertas por mosquiteros y las escaleras por mercancías en el momento del incendio. La fábrica tampoco contaba con salida de emergencia, ni ventilación adecuada, según habían denunciado las autoridades paquistaníes y los empleados y, a pesar de esto, había obtenido una certificación de seguridad por parte de una auditora europea.
Una gran parte de su producción era comprada por la empresa alemana KIK, que desde entonces ha pagado 6 millones de dólares (unos 5,1 millones de euros) en compensaciones a las familias de las víctimas.
KIK, que se enorgullece en su sitio web de vestir a sus clientes de pies a cabeza "por menos de 30 euros", refuta, no obstante, cualquier falta que implique su responsabilidad en aquel desastre.
El grupo de 'prêt-à-porter' escapó a un juicio en suelo alemán en enero de 2019, puesto que un tribunal de Dortmund consideró que las demandas de las partes civiles habían prescrito.
AFP
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