El gobierno mexicano decidió desplegar a sus Fuerzas Armadas para luchar contra el crimen organizado. Este fue el resultado.
La necesidad de sacar al ejército a patrullar las calles ante la creciente inseguridad ciudadana ha sido debatida en el Perú por diversos sectores de la sociedad, incluso por los candidatos la presidencia del Perú. Para entender lo que podría pasar si esta posibilidad se concreta, sirve repasar lo que ha ocurrido en México, donde esta medida casi una década en vigencia.
La necesidad del Ejército. En el 2006, el presidente Felipe Calderón determinó que el Ejército de México salga a las calles a luchar contra el crimen. Desde el 2007 hasta el 2012, alrededor de 3000 personas fueron asesinadas por las fuerzas del orden y solo 158 soldados murieron. En tierras aztecas, menos del 2% de casos de asesinatos terminan en condena y el sistema judicial es percibido como corrupto, lo que ocasiona que los militares maten a los supuestos criminales en lugar de llevarlos a juicio. Salvador Cienfuegos Zepeda, secretario de defensa, ha elogiado el rol de los militares asegurando que son los únicos capaces de enfrentar al crimen organizado y que están ganando la lucha, según reporta The New York Times. "Estamos en la calle porque la sociedad lo pide", aseguró.
El lado oscuro de la moneda. Sin embargo, el accionar del Ejército está plagado de acusaciones que quedan impunes sobre abusos a derechos humanos. En la historia moderna de los conflictos armados, por cada persona muerta hay cuatro heridos. En México ocurre lo contrario: por cada persona herida, hay ocho muertos. Para Paul Chevigny de la Universidad de Nueva York, no caben dudas de que esto es fruto de "ejecuciones sumarias". Desde el 2014, el Gobierno de México dejó de proveer cifras sobre el número de muertos en la lucha contra el crimen, para no agravar la controversia. Pero ya era demasiado tarde.
Estado de impunidad. En México, los militares son prácticamente intocables. Miles de acusaciones de torturas y desapariciones se han hecho contra ellos, pero el Gobierno los protege y hace muy poco para investigarlos. De 4,000 cargos de tortura hechos reportados desde el 2006, solo 15 han acabado en condenas. Hechos como la desaparición de 43 estudiantes en Ayotzinapa, la matanza de 22 personas (15 por ejecución) en el pueblo de Tlatlaya o la difusión de videos que prueban torturas de parte de fuerzas del orden, ha polarizado al pueblo mexicano y las alertas de organizaciones internacionales de Derechos Humanos. Pese a ello, los militares no son castigados y en los raros caso en que sí lo son, dichas penas son cortas.
El Gobierno niega los abusos. "Todos los reportes de violaciones de derechos humanos nos preocupan, pero algunos casos aislados no reflejan el estado general de los Derechos Humanos en el país", dijo el estado mexicano sobre el tema. El Gobierno ha aprobado legislación antiabusos, para proteger víctimas y para permitir que los soldados sean juzgados en cortes civiles. Si bien las acusaciones de tortura han disminuido desde el 2011, lo que no bajó hasta el 2014 (cuando las autoridades dejaron de dar cifras) es el número de muertos que dejan atrás.
Preocupación internacional. Estados Unidos es el principal aliado de México en la lucha contra el crimen organizado. Les han vendido armamento, helicópteros modernos y los han entrenado de cerca. Pese a ellos, los estadounidenses se muestran preocupados por el tema de las violaciones de derechos humanos. "Todo el entrenamiento del mundo no servirá si la gente que tiene el poder no cree en la importancia de ser transparente y de rendir cuentas", señaló el senador Patrick Leahy de Vermont. En el 2015, una corte internacional condenó al estado mexicano por las torturas de cuatro hombres en Baja California. "No pueden justificar su trabajo con confesiones bajo tortura. Pero no parece que esto vaya a cambiar pronto", explicó las hermana de Ramiro López, una de las víctimas.
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