por Redacción RPP
·El Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) aprobó la creación de un sistema de "inteligencia social y comunal" para que los vecinos reporten a personas "desconocidas", una medida que, junto a la reactivación de módulos de delación en la plataforma VenApp, agrava el clima de censura y temor en el país.
El Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), órgano oficial del régimen de Nicolas Maduro, aprobó la creación de la "inteligencia social y comunal" durante el cierre de su quinto congreso, celebrado este miércoles en Caracas, la capital del país. Este nuevo mecanismo de vigilancia busca que los vecinos de cada comunidad reporten la presencia de personas que consideren "desconocidas".
Diosdado Cabello, secretario general del PSUV, defendió esta medida al señalar que son los integrantes de la comunidad "los que saben" y planteó que si a la comunidad "llegó una persona aquí que nadie sabe quién es, no parece venezolano', alguien tiene que reportar eso".
Esta estructura forma parte de un paquete de propuestas que incluye el alistamiento voluntario en la Milicia, el entrenamiento militar generalizado, la formación en primeros auxilios y la realización de simulacros "de todo tipo".
Este conjunto de acciones ha sido denunciado por diversas organizaciones como parte de una progresiva militarización de la vida civil y un reforzamiento del control territorial del chavismo.
En octubre de este año, Maduro solicitó crear una aplicación para que la población reporte las 24 horas del día "todo lo que ve, todo lo que oye".
La aplicación VenApp como herramienta de vigilancia
En paralelo a la aprobación de la "inteligencia social", el gobierno de Nicolás Maduro impulsó el desarrollo de una aplicación dentro del sistema VenApp, una plataforma que inicialmente se creó en 2022 para recibir denuncias sobre fallas en los servicios públicos y otras incidencias comunitarias.
En octubre de este año, Maduro solicitó crear una aplicación para que la población reporte las 24 horas del día "todo lo que ve, todo lo que oye".
Esto se materializó en la activación de módulos dentro de VenApp que incluyen apartados para denuncias de “terrorismo” u “observación de drones”, en medio de un despliegue del Ejército estadounidense en el Caribe, visto por el chavismo como una amenaza.
En la creación y operatividad de esta aplicación deben participar la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), las Unidades Comunales de Milicias y las Bases Populares de Defensa Integral.
La ONG venezolana VESinfiltro consideró que esta aplicación es un "nuevo mecanismo de vigilancia" y manifestó su preocupación por las "sostenidas intenciones de la Administración de Nicolás Maduro de promover la delación como fórmula de persecución, censura y control social".
Además, la ONG alertó sobre el grave riesgo para la privacidad y la libertad de expresión que representa esta iniciativa al promover la militarización del control ciudadano.
La ONG recordó que, tras las presidenciales de 2024, ya se había anunciado una función en VenApp para "denunciar a quienes protestaron contra los resultados anunciados".
Ley contra el Odio y clima de censura
Expertos consultados por medios venezolanos como TalCual coinciden en que estas acciones, aunque implementadas separadamente, contribuyen a agravar el clima de censura y temor impuesto por las autoridades, especialmente luego de las elecciones presidenciales de julio de 2024.
La abogada Martha Tineo, coordinadora de la ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP), señaló en declaraciones a TalCual que al mismo tiempo que se registran condenas por delitos de odio, se observa "el relanzamiento de aplicaciones utilizada para la delación".
Tineo apunta que la Ley contra el Odio es tan ambigua que la autoridad puede considerar que una persona cometió un delito "por medio de esa denuncia anónima".
La abogada considera que esto representa "un avance más, un paso más en todo lo referente a persecución política, criminalización de la disidencia, generar un clima de silencio y temor, la aplicación de una política de miedo".
Esta ley es un instrumento penal "en blanco" que no aclara a qué se refiere o cómo se define el odio, lo que otorga una "absoluta discrecionalidad y arbitrariedad alarmante a los jueces de la República al momento de aplicarla", dijo la especialista.
Actualmente, esta ley contempla penas de entre 10 y 20 años de prisión, incluso por comentarios en redes de mensajería como WhatsApp.
Lexys Rendón, socióloga y directora del Laboratorio de Paz, afirmó al mismo medio que la razón última de esta "política de Estado" es que "no haya disidencia". Rendón insiste en que la persecución “causa terror en la población” y tiene la finalidad de “control social”.
Génesis Gabriela Pabón Paredes y Rocío Del Mar Rodríguez Guillen, condenadas a 10 años en julio por incitación al odio, tras ser detenidas con camisas estampadas con una foto de la caída de una estatua de Hugo Chávez.
Casos de condenas por "crimen de odio"
Los casos de condenas por "odio" ejemplifican este patrón de persecución. Al menos dos personas fueron condenadas en octubre a penas de entre 10 y 15 años de prisión por este delito, en juicios rápidos y sin garantías de debido proceso. Entre los casos recientes citados por TalCual se encuentran:
• Nelson Piñero, activista de Encuentro Ciudadano, sentenciado a 15 años en febrero de 2025 por expresar sus opiniones en redes sociales.
• Marcos Palma Martínez, condenado en septiembre a 15 años por enviar un audio de WhatsApp reclamando el retraso en la entrega de gas doméstico.
• Génesis Gabriela Pabón Paredes y Rocío Del Mar Rodríguez Guillen, condenadas a 10 años en julio por incitación al odio, tras ser detenidas con camisas estampadas con una foto de la caída de una estatua de Hugo Chávez.
• Verónica Andreina Rojas Soto, sentenciada a 10 años en octubre por emitir un comentario crítico sobre el gobierno en una conversación privada por WhatsApp.
• Randal Glendysmar Telles Peña, condenada a 15 años en octubre por un video sobre el gobierno nacional creado con Inteligencia Artificial, a pesar de que un experto comprobó en el juicio que ella no fue la autora del material audiovisual.
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