por Agencia EFE
·A través de su cuenta oficial en X, el Comité de Derechos Humanos del partido opositor Vente Venezuela indicó que funcionarios del Gobierno de Nicolás Maduro detuvieron al activista Lewis Mendoza en la noche de este sábado y que, a la fecha, son nueve personas detenidas en el estado de Trujillo.
El Comité de Derechos Humanos del partido opositor Vente Venezuela (VV), liderado por María Corina Machado, informó este domingo sobre el arresto del activista político Lewis Mendoza, en el estado venezolano Trujillo (oeste).
A través de X, VV indicó que funcionarios del Gobierno de Nicolás Maduro detuvieron a Mendoza en la noche de este sábado. Desde un día antes, aseguró, agentes del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro, de la Policía nacional y estatal se "instalaron en los alrededores de la residencia" del activista.
"Tras más de 30 horas allí, lo secuestraron. Hasta el momento se desconoce su paradero y en qué condiciones se encuentra", señaló el Comité.
VV alertó que ya son nueve personas detenidas en Trujillo desde el pasado 10 de septiembre, por lo que exigió el "cese de la persecución y la libertad inmediata de todos ellos".
ONG hace llamado para que autoridades informen sobre el paradero de Lewis Mendoza
Por su parte, la ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) hizo un "llamado urgente" a las autoridades para que "informen el paradero y el estado actual de Lewis Mendoza" y, además, que "garanticen su integridad física y psicológica, y permitan el contacto inmediato con sus familiares y abogados defensores".
"Asimismo, instamos a que se investiguen las denuncias de amenazas y hostigamiento, y se asegure que toda actuación se realice conforme a las garantías constitucionales y al marco de los derechos humanos reconocidos internacionalmente", instó JEP en su cuenta en X.
Un conteo de la organización Foro Penal, con fecha de corte al 29 de septiembre, cifra en 838 los presos políticos en Venezuela.
Sin embargo, tanto el Gobierno como la Fiscalía niegan que en el país haya personas detenidas por motivos políticos y aseguran que se trata de ciudadanos que cometieron delitos, una afirmación que rechazan varias ONG y líderes opositores.
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