Fredy Guevara ingresó a la sede diplomática en Caracas ante las "inminentes amenazas a su seguridad" luego de que el Tribunal Supremo, a fin al chavismo, levantara su inmunidad parlamentaria.
El diputado opositor Freddy Guevara, vicepresidente del Parlamento venezolano, pidió este sábado protección a la Embajada de Chile en Caracas luego que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) anunciara que sería enjuiciado por delitos cuyas penas llegan hasta los 10 años de prisión.
"El Gobierno de Chile informa que hace algunas horas ha ingresado a la residencia del embajador de Chile en Venezuela el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional (AN) de Venezuela, diputado Freddy Guevara, quien, ante lo que estima inminentes amenazas a su seguridad e integridad personal, ha solicitado la protección de Chile", dice un comunicado de la Cancillería chilena.
Guevara investigado. El TSJ anunció el viernes la suspensión de la inmunidad del diputado Guevara para ser juzgado por los delitos de "asociación, instigación pública continuada y uso de adolescente para delinquir". La oposición venezolana, con mayoría en el Parlamento, acusa al TSJ de servir al gobierno de Nicolás Maduro.
En tanto, la Asamblea Constituyente oficialista, que rige el país con poderes absolutos, investiga a Guevara por las manifestaciones de protesta contra el presidente Nicolás Maduro que dejaron unos 125 muertos entre abril y julio último.
Rechazo internacional. Guevara, un comunicador social de 31 años, es un impetuoso dirigente del partido Voluntad Popular, liderado por Leopoldo López, actualmente bajo arresto domiciliario. En un comunicado emitido el viernes tras conocer el juicio iniciado en su contra, Guevara advirtió que "activará todas las alarmas internacionales" para denunciar "este hecho violatorio de la Constitución".
España manifestó su rechazo al proceso judicial en contra del legislador, mientras que el denominado grupo de Lima –conformado por 12 países de América y que rechaza la ruptura del orden democrático en Venezuela- calificó ese hecho como "un nuevo atentado contra el Estado de Derecho y la división de poderes en Venezuela".
Por su parte, el canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, respondió al gobierno español acusándolo de ser "cómplice de los violentos de la oposición venezolana".
Comparte esta noticia