Advierten sobre interpretación errónea de resolución 169 de la OIT

La insistencia de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) para que el Estado peruano suspenda todas las concesiones petroleras y mineras que hayan sido otorgadas sin los debidos procesos de consulta a los pueblos indígenas, se sustenta en "una interpretación equivocada" de la resolución 169 de la OIT, afirmó Manuel Bernales, ex miembro de la comisión investigadora de los hechos de Bagua.

Bernales Alvarado dijo que la resolución 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) -el cual reconoce el derecho de las comunidades nativas a ser consultadas sobre el ingreso de empresas a sus regiones- "no recorta drásticamente la autonomía de los estados en sus propios territorios porque si así fuera el caso, más de 100 países no hubiesen cometido el error de firmar ese convenio".

El consultor de las Naciones Unidas en temas de desarrollo, explicó que el convenio que firmó el Estado peruano con la OIT en 1993 "no otorga propiedad soberana y absoluta a los indígenas sobre el territorio (en este caso) amazónico, porque de ser así la situación (tal como lo expresan las ONGs medio ambientalistas) entonces "¿para qué existe el Estado y el Gobierno?", se preguntó.

Bernales Alvarado criticó el discurso erróneo que afirma que las comunidades nativas tienen el poder absoluto de decidir que se hace y que no se hace en los territorios donde viven.

Explicó que cuando existe "el principio de la razón superior" –en este caso el desarrollo nacional- el Estado tiene el derecho de imponer soberanamente sus políticas en un marco de deberes y derechos mutuos con las comunidades nativas.

Afirmó que hay una confusión sobre el tema pues el otorgamiento de concesiones, licencias, etc. por parte del Estado a empresas en territorios donde existen comunidades nativas no eximen a estas compañías de una consulta previa con la población para el inicio de sus operaciones industriales.

Bernales Alvarado sostuvo que el incumplimiento del convenio 169 de la OIT por parte del Estado peruano en la Amazonía (y otras regiones)  no puede ser razón suficiente para traerse abajo todas las inversiones comprometidas, tal como es la intención de determinadas organizaciones, en consecuencia, anotó, es necesaria una solución de compromiso con las comunidades nativas. 

En otro momento, Bernales Alvarado desestimó la seriedad de los documentos y pronunciamientos de la FIDH tras recordar que en su informe emitido sobre los luctuosos sucesos de Bagua en el 2009, consignó en la página 32 que "personal militar peruano inoculó a nativos amazónicos sangre de cadáveres de los policías abatidos en el enfrentamiento de Bagua".

"Esta mentira monstruosa e infamante fue publicada por la FIDH como si hubiese sido verdad", lamentó el consultor.

En su informe de seguimiento, la FIDH señala que el informe del Estado peruano sobre los sucesos de Bagua, publicado en diciembre de 2009, "carece de objetividad, exhaustividad e imparcialidad, por lo que obstaculiza el diálogo".

Bernales Alvarado también desestimó este pronunciamiento porque insistió que esa institución carece de la suficiente seriedad.

Finalmente, el ex comisionado dijo que el conflicto en Bagua –cuyo desenlace fue el asesinato de 24 policías y 10 nativos- fue un "operativo psicosocial" que en este caso no fue organizado por el Gobierno sino por grupos radicales –que incluye a sacerdotes jesuitas- enquistados en las organizaciones representativas de los pueblos amazónicos.