Algunos dirigentes puneños no informan de acuerdos a pobladores, señalan

Presidente regional Mauricio Rodríguez comentó que dirigentes no informan a los manifestantes que gobierno evaluará cada una de las concesiones mineras en Puno.
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El presidente regional de Puno, Mauricio Rodríguez, se mostró sorprendido ante la reactivación de las protestas en contra de la actividad minera en algunas zonas de su jurisdicción. No obstante, indicó la que situación se debería al desconocimiento de los acuerdos alcanzados con el Ejecutivo.

En diálogo con RPP Noticias, indicó que el problema se registra en los distritos de Pomata, Juli, Kelluyo, Desaguadero, Yoroco y Huacullani. En estas localidades, los pobladores bloquean caminos, pero no de manera total.

No hay un cierre del puente internacional de Desaguadero”, acotó.

Rodríguez explicó que “hay un tendencioso silencio de los acuerdos llegados en la zona”. Por tanto, dijo que los instigadores de las movilizaciones no están difundiendo que el gobierno estableció la instalación de mesas de diálogo intersectoriales par analizar una por una las concesiones mineras en la región.

Ellos creen que hay que cancelar y no entienden cuál es el proceso para una cancelación y los dirigentes tampoco dan la fórmula de cancelación porque jurídicamente ellos también deben tener un asesoramiento”, agregó.

Por otra parte, comentó a propósito de la reciente iniciada protesta en la provincia de Carabaya en contra de la hidroeléctrica de Inambari que el Consejo Regional también se opone a tal megaproyecto.

Indicó que la central inundará más de 100 kilómetros de la Carretera Interoceánica que lucharon por conseguir los puneños. Además, anotó que representaría la evacuación de 10 mil habitantes asentados en la ruta de la vía y afectaría la biodiversidad.

Por lo expuesto, señaló que los técnicos del gobierno deberán dar respuesta a las objeciones. Sin embargo, “la población ya se ha expuesto en contra”.

La serie de problemas sociales que surgen en la región conminó a la autoridad regional a solicitar al próximo gobierno realizar ajustes a la legislación en materia de energía y minas.